Al defender su gestión administrativa, la exsecretaria Eileen Vélez Vega no pudo precisar este martes si, durante su mandato en el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), refirió a las autoridades alguna de las irregularidades detectadas en los centros de inspección de vehículos y venta de marbetes, ni detallar el cuestionado proceso de reducción de multas del que supuestamente se beneficiaron los imputados.

Durante una vista pública de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, Vélez Vega confirmó que sabía de la investigación que realizaba la Directoría de Servicios al Conductor (Disco), así como de los presuntos esquemas de fraude que formaban parte de la pesquisa, pero aseguró que no intervenía.

“No recuerdo que me haya llegado ningún referido. Habría que verificar el tracto de los cuatro años que estuve ahí para ver, entonces, si hubo alguno”, dijo la extitular, a preguntas del representante José “Cheíto” Hernández, presidente de la Comisión. “Fueron cuatro años y fueron muchas inspecciones, así que por eso dije que no recordaba”, añadió.

Fue bajo la administración de Vélez Vega, entre 2021 y 2024, que el DTOP investigó, a través de la Disco, la operación de los centros, un trámite que concluyó en la imposición de multas a 68 establecimientos por, entre otras cosas, alterar el equipo de inspección o utilizar vehículos que no correspondían al registrado en la licencia. Algunos de los comercios siguen cerrados.

Mientras, entre los centros señalados, estuvo Yabucoa Auto Services, que, hasta noviembre de 2025, estuvo a nombre de Ciary Pérez Peña, exsecretaria del Departamento de la Vivienda, quien renunció en marzo, un mes después de que estallara la controversia. El centro habría emitido más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

“Sí, sabíamos que había unas situaciones de violaciones, así que lo que hicimos fue una fiscalización bien agresiva en esos años, porque sabíamos que estaban pasando unas cosas que no debían pasar. Yo no estaba ignorante de eso; yo siempre trabajé con el procedimiento que estaba determinado en el DTOP”, declaró Vélez Vega.

“Había unas situaciones serias que se estaban viendo y, por eso, se estaban haciendo estas investigaciones e imponiendo multas administrativas para que se corrigiera, así que sí, era preocupante”, agregó la ingeniera.

Recalcó que la pesquisa se realizó conforme a las leyes y reglamentos aplicables, y señaló, incluso, que, durante el proceso, mantuvieron comunicación con la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales. Hernández planteó, sin embargo, que, al momento, la investigación de la Comisión refleja lo contrario.

“Esto fue hecho de una manera incorrecta y fuera de los parámetros, desde mi punto de vista, legales y administrativos. Aquí se van a tener que verificar muchas cosas para que le podamos dar claridad a los procesos”, indicó el representante novoprogresista.

La semana pasada, en otra vista, propietarios de centros de inspección afectados alegaron que se les impusieron multas sin seguirse las disposiciones del Reglamento 9526 del DTOP y la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000). Algunos, de hecho, alegaron que solicitaron evidencia de la visita de los inspectores, así como copia del informe redactado, pero los documentos no le fueron entregados porque, según ellos, no existen.

“Jamás auspicié que se hiciera algo fuera de reglamento o fuera de ley, y fuimos bastante críticos en la parte de investigación del fraude de los centros de inspección”, declaró Vélez Vega, al señalar que, como parte de la pesquisa, el Departamento de Hacienda también intervino.

La exsecretaria no pudo especificar si, entre las facultades de la Disco, está negociar cualquier rebaja de multa o si dicha posibilidad recae en Hacienda, que es la dependencia que recibe el pago. “¿Por qué se estaban reduciendo o negociando multas? No sé. Ese procedimiento no sé cómo lo estaban trabajando”, sostuvo.

“Nosotros estamos buscando cómo se llevó a cabo este proceso, porque no hay documentación que lo explique, ni cómo se rebajan este tipo de multas”, subrayó, en tanto, Hernández.

Fue Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, quien investigó, entre otros, el centro de inspección Yabucoa Auto Services.

Deliz Vélez no asistió este martes a su citación ante la Comisión cameral de Transportación alegando que se veía imposibilitado de comparecer, ya que es testigo de la investigación que el Departamento de Justicia conduce, de forma paralela, sobre estos hechos, y porque su testimonio ante los legisladores lo ubicaba en riesgo de incumplir con el manto de confidencialidad que cobija la pesquisa.

Para Hernández, estos argumentos no son justificables. “Ellos fueron muy vocales en pedir la vista e, incluso, hicieron un ‘media tour’, y ahora me dicen que no pueden. Yo creo que es importante ser responsable desde el principio”, dijo el representante.

Deliz Vélez indicó, en una misiva cursada por su representante legal, la abogada Lindsay López Murillo, que fue entrevistado, entre el 16 y 31 de marzo, por la fiscal investigadora de la División de Integridad Pública de Justicia que atiende el asunto. Al final del intercambio, agregó, fue “advertido” de que “no podía entrar a hablar sobre sus entrevistas”.

Mientras, en un aparte con la prensa, Vélez Vega confirmó que nunca recibió una queja interna ni de parte de propietarios de centros de inspección en contra de Deliz Vélez. “No, pero también puedo decir que esa área de Disco, de investigaciones e inspecciones, es un trabajo que es crítico, es un trabajo difícil... no es un área simpática para nadie”, señaló.

Para este miércoles, se espera la comparecencia de la directora de la Disco, Mary Fuster; el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo; y el titular de Hacienda, Ángel Pantoja.