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Encaminada medida que daría paso a la “Ley Natalia Nicole Ayala” para imponer pena de cárcel mandatoria a convictos por casos de “hit and run”

El presidente cameral informó que la pieza legislativa será considerada en la sesión del martes

12 de febrero de 2024 - 10:00 AM

Este año han ocurrido, al menos, cinco incidentes fatales de ‘hit and run’ sin que la Uniformada haya actuado conforme a la ley por la falta de un reglamento aprobado. (Archivo GFR Media)
Hasta el 8 de febrero de este año, según datos oficiales del Negociado de la Policía, habían ocurrido tres incidentes fatales de "hit and run".

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anticipó que este martes dicho cuerpo legislativo considerará en votación la propuesta legislativa que busca imponer pena de cárcel mandatoria a los convictos por casos de “hit and run”.

Asimismo, el Proyecto de la Cámara 1957 pretende aumentar la sentencia de 10 a 15 años “cuando, de forma imprudente o negligente, (se) le ocasiona la muerte a otra persona”, y elimina la posibilidad de que, una vez en la cárcel, la persona convicta pueda acogerse a un programa de desvío.

“Luego de haber celebrado una vista pública el pasado 17 de enero en la que escuchamos de primera mano el sufrimiento de una madre al narrar la forma cruel, inhumana e injusta en la que le arrebataron la vida a su hija, estamos listos para aprobar este proyecto y honrar la memoria de Natalia Nicole Ayala para evitar que otras familias puertorriqueñas sufran este tipo de tragedias”, informó el presidente cameral.

Natalia Nicole fue arrollada el 4 de enero de 2022 -por el auto que manejaba Carlos Maldonado Dávila, quien se fugó de la escena- tras detenerse en el área de emergencias (paseo) de un elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía. Falleció en la madrugada del 5 de enero, en la institución hospitalaria donde era atendida.

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El acusado compareció al tribunal con un perro y no emitió comentarios al salir de la sala.

Contra Maldonado Dávila se impuso una sentencia de 10 años de probatoria, sin cárcel.

Datos oficiales del Negociado de la Policía revelan que, en 2022, hubo 35 incidentes de hit and run, de los cuales 20 resultaron en muertes. En 2023, las víctimas fatales de estos accidentes –en los que los presuntos responsables huyen– totalizaron 25.

Referente al 2024, hasta el 8 de febrero se habían reportado cuatro incidentes de este tipo y tres de ellos resultaron en muertes. El último caso fue durante la madrugada del domingo, cuando una mujer falleció, en Carolina, luego de que la motora en la que viajaba como pasajera se viera involucrada en un accidente con otro vehículo, que huyó de la escena. La mujer, de 26 años, murió a causa de las lesiones sufridas.

“La pena vigente es extremadamente leniente, al concederle la alternativa de libertad supervisada u otras opciones de desvío (a los responsables), a pesar de que los hechos probados más allá de duda razonable demuestren un claro menosprecio por la vida”, señaló la representante Gretchen Hau, autora de la medida junto a Héctor Ferrer Santiago.

La pieza legislativa, además, delimita la discreción judicial al requerir la imposición de supervisión electrónica cuando exista una determinación de causa probable para arresto por los delitos dispuestos, ante el riesgo real e inmediato de que la persona sospechosa evada la jurisdicción.

“En honor a la memoria de Natalia Nicole, ninguna persona que demuestre un claro menosprecio a la vida de una víctima inocente podrá ser acreedora de una pena leniente o un trato privilegiado mientras extingue la sentencia”, expresó, por su parte, Ferrer Santiago.

Durante la vista pública, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) expresó su oposición a que se utilice como disuasivo para este tipo de incidentes la imposición de penas más altas a las contempladas en el ordenamiento jurídico vigente.

Para Hernández Montañez, “este acto vil, criminal e inhumano requiere una acción contundente por parte del Estado y la Cámara de Representantes actuará el martes”. El legislador anticipó que el estatuto, de aprobarse por ambas cámaras y recibir la firma del gobernador Pedro Pierluisi, se conocería como la “Ley Natalia Nicole Ayala Rivera”.

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