Entidades comunitarias y ambientales alertaron este miércoles que la redefinición de la zona marítimo terrestre (ZMT) –contenida en una legislación que la Cámara de Representantes aprobó el martes– coloca en riesgo los ecosistemas costeros y abre la puerta a la privatización de áreas de dominio público.

“Se está manejando una definición basada en la propiedad y no en la naturaleza. La definición, como fue aprobada, representa una reducción del espacio de salvaguarda que existe posterior a lo que se delimite como ZMT y hace un énfasis consistente en la propiedad privada y no en el acceso público y el bienestar del ecosistema”, expresó Vanessa Uriarte, de la organización Amigxs del M.A.R.

El Proyecto de la Cámara (PC) 25, de la autoría del presidente Carlos “Johnny” Méndez, fue aprobado por descargue, pese a la oposición de múltiples entidades. Organizaciones como Amigxs del M.A.R. y otras reconocen la necesidad de actualizar la definición de la ZMT, pero advierten que dicho ejercicio debe considerar la realidad geográfica de Puerto Rico y basarse en argumentos “puramente científicos”.

Uriarte indicó que le preocupa, particularmente, la exclusión en la pieza de toda referencia a la marejada ciclónica. “Esto lo que implica es un riesgo de seguridad a nuestras comunidades costeras alrededor de Puerto Rico. Al excluirlas, abres la puerta a la flexibilización de permisos para la construcción”, señaló.

Durante la discusión legislativa, diversas voces han sostenido que el proyecto busca “allanar” el camino para “legalizar” situaciones cuestionadas en el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, donde los suegros de la gobernadora Jenniffer González tienen dos propiedades.

Amigxs del M.A.R. propuso, ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, no solo una nueva definición basada en “evidencia científica”, sino también la creación de una comisión conjunta legislativa para atender y evaluar el asunto.

La ZMT, según el PC 25, sería “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega la línea del nivel medio de pleamar mayor determinada sobre una época mareal de 19 años, en donde son sensible las mareas, y hasta donde alcance las olas bajo condiciones meteorológicas típicas documentadas, excluyéndose las marejadas ciclónicas en donde las mareas no son sensible, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.

Además de presuntamente facilitar la privatización, la medida –que pasa ahora a la consideración del Senado– limitaría el derecho constitucional del pueblo a disfrutar libremente de las costas y pondría en riesgo especies protegidas, como manglares, dunas y arrecifes de corales, indicó, por su parte, la fundadora de Eukrante, Mariela Declet Pérez. “Medidas como esta nos muestran que los representantes que votaron a favor no consideran el cambio climático ni las dinámicas naturales costeras”, expresó la también arqueóloga ambiental.

En un comunicado conjunto, organizaciones comunitarias y ambientales consignaron, igualmente, que el PC 25 expone a comunidades, pescadores, sectores turísticos locales y generaciones futuras a la erosión costera. Con la aprobación cameral, añadió el grupo, se contradice a la ciencia y las recomendaciones de expertos, mientras que se favorece modelos de desarrollo.

“El debate sobre la reducción de la ZMT no puede simplificarse ni tratarse a la ligera. La historia reciente de Puerto Rico ha demostrado, con hechos concretos, que permitir construcciones tan cerca del mar ha tenido consecuencias devastadoras”, dijo el gerente de programas de la Fundación Surfrider, Héctor “Tito” Varela, parte de la coalición.

Según Surfrider, Puerto Rico cuenta con 1,500 playas, de las que apenas poco más del 30% son de arena. “No podemos darnos el lujo de perder más playas ni de disminuir la ZMT. No a nivel comunitario, donde representan espacios de acceso, recreación y vida. No a nivel turístico, donde las playas son motor económico. Mucho menos a nivel ecológico y ambiental”, añadió Varela.

Para el abogado ambiental Pedro Saadé, definir correctamente la ZMT es medular. De lo contrario, dijo, podría ser una forma de “robarnos bienes públicos”. “Entre los bienes de dominio público, está la ZMT, que es una zona que es adyacente al mar, pero que también incluye áreas húmedas como manglares, lagunas, así que es superimportante cómo esto se define, porque es una forma de robarnos bienes públicos”, apuntó.

Saadé cuestionó que la Legislatura no consultara, como parte de su análisis, a ecólogos y oceanógrafos. Sostuvo que la definición propuesta surge de un criterio “estrictamente económico” y no en protección de los bienes públicos. “Mucho menos toma en cuenta las consecuencias del cambio climático ni el beneficio social de uso y disfrute de la playa”, dijo. “Es uno de los proyectos más desastrosos”.

Por otra parte, la abogada de Política Pública de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, Lolimar Rodríguez, sostuvo que el proyecto debilita la protección de la costa, facilita reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban “claramente” bajo dominio público y no toma en cuenta el cambio climático ni el aumento del nivel del mar.

“Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados”, acotó.