Los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael "Tatito" Hernández
Los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael "Tatito" Hernández (Vanessa Serra Díaz)

Entre las decenas de medidas que fueron aprobadas a última hora en la sesión legislativa, figuraron la resolución conjunta que prohíbe alterar la red de farmacias que provee servicios a los asegurados por el Plan Vital –evitando la entrada de grandes cadenas–, un proyecto que eleva de $38 millones a $100 millones la partida anual designada para incentivos de la industria cinematográfica y otro que transfiere a los municipios la responsabilidad de mantener las carreteras secundarias en sus jurisdicciones.

En relación al sector energético, fueron tres los proyectos que el martes en la noche recibieron el visto bueno en ambos cuerpos legislativos: el que pretende establecer condiciones para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), otro para crear una reserva de celadores adscrita a la corporación pública y un tercero que le traspasa a esa instrumentalidad la supervisión de los contratos de alianza público privadas para manejar activos del sistema eléctrico, incluyendo el de LUMA Energy.

La Legislatura también aprobó la versión final del proyecto para elevar los sueldos que devengan fiscales auxiliares y de distrito, así como procuradores de menores y familia y los registradores de la propiedad. Estos funcionarios del Departamento de Justicia no están cubiertos por el plan de clasificación y retribución uniforme que cobrará vigencia en enero, por lo que existía el temor de que los abogados en distintas posiciones de la agencia optaran por buscar oportunidades laborales en otras dependencias.

Medidas enmendadas

El Proyecto del Senado 552 –la pieza legislativa que incrementa la asignación disponible para créditos contributivo distribuidos en la industria fílmica– provee, además, para que al menos un 10% de los $100 millones beneficie a “producciones locales y documentales; con el objetivo de mantener y fomentar las inversión y creación de empleos en todos los sectores representativos de la industria fílmica en Puerto Rico”.

Un máximo del 40% de los incentivos, en tanto, se destinaría a “gastos de producción en Puerto Rico, sin incluir los pagos realizados a personas extranjeras”; y no más de un 20% iría a gastos correspondientes al pago de personas extranjeras.

Otra medida que recibió enmiendas sustanciales fue el Proyecto de la Cámara (PC) 1429, para fijar ciertos parámetros relacionados a la reestructuración de obligaciones de la AEE, y que se espera sea vetada por el gobernador Pedro Pierluisi. Según explicó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, el proyecto incorporó los conceptos que introducían la versión original, del representante Luis Raúl Torres, y otra medida del senador Juan Zaragoza. Específicamente, la versión aprobada propone que el repago de la deuda por bonos de la deuda por bonos de la AEE no exceda el 20% y sea menor “a la tasa promedio de Compañías de Servicio Eléctrico de similar tamaño y complejidad a nivel de Estados Unidos, lo que resulte en un mayor recorte de la deuda”.

“La proporción de deuda a total de activos será definida según los parámetros de la American Public Power Association”, añade la pieza, lo que implicaría, según Zaragoza, obligaciones que no excedan los 55 centavos por cada dólar en activos. El PC 429 también ordena cumplir con las obligaciones de pensiones y propone, como “meta aspiracional”, una factura que no supere los 20 centavos por kilovatio hora.

Como se esperaba, la Asamblea Legislativa también dio paso a las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 380 y 387, que ordenan crear una reserva presupuestaria de $250 millones para paliar cualquier déficit en recaudos por concepto de las contribuciones a empresas foráneas y asignan $1 millón a cada municipio para atender la respuesta al huracán Fiona, respectivamente. El PC 825, en tanto, es el que permite transferir vías terciarias a ayuntamientos, junto a partidas presupuestarias determinadas a base de una fórmula.

Por otro lado, quedaron sobre el tapete el proyecto sustitutivo de enmiendas a la Ley de Permisos y otro que flexibiliza requisitos de la Ley de Armas, así como medidas de ambos cuerpos que tipifican el delito de violencia económica en relaciones de pareja y una resolución conjunta que establece que el salario mínimo en el gobierno no podrá ser menor al sueldo base en la esfera privada.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado Javier Aponte Dalmau, indicó que las enmiendas a la Ley de Armas se atenderían con cautela en ese cuerpo: “No vamos a atender proyectos de esta magnitud, que impactan la tranquilidad del pueblo, de manera expedita”.

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