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Ética Gubernamental acude al Tribunal Supremo en disputa contra la Cámara de Representantes por expediente de Rafael Machargo

El director ejecutivo Luis A. Pérez Vargas sostiene que los documentos solicitados son confidenciales, al tiempo que asegura que “no tiene nada que esconder”

9 de julio de 2024 - 4:47 PM

Pérez Vargas indicó que la reciente resolución del Tribunal de Apelaciones “no entró a analizar los señalamientos de errores planteados por los abogados de la Oficina y tampoco discutió la controversia”. (XAVIER GARCIA)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) recurrió al Tribunal Supremo en busca de una determinación que le evite tener que entregar a la Cámara de Representantes –como ya determinaron dos foros de menor jerarquía– copia del expediente de la investigación que realizó contra el exsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Rafael Machargo.

El representante popular Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara, tildó el martes la acción de la OEG como “una clara demostración del desprecio alarmante” por la función legislativa y “un obstáculo” a la justicia y transparencia.

Para el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, sin embargo, la reciente resolución del Tribunal de Apelaciones, notificada el 3 de julio, “no entró a analizar los señalamientos de errores planteados por los abogados de la Oficina y tampoco discutió la controversia”.

“Estamos ante un asunto de división de poderes y facultades legislativas, que entendemos debe ser atendido por el Tribunal Supremo”, indicó Pérez Vargas, por escrito, a El Nuevo Día, tras presentar el lunes un recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante el máximo foro judicial.

La semana pasada, un panel de cuatro jueces del Tribunal Apelativo determinó que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un abuso de discreción ni actuó bajo prejuicio o parcialidad al ordenar la entrega de los documentos solicitados por la Comisión cameral Anticorrupción e Integridad Pública. El panel subrayó, además, que los foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad”.

El expediente solicitado, según Ferrer Santiago, forma parte de un referido que hizo, junto a la representante Estrella Martínez, en 2021, contra el entonces secretario del DRNA por reunirse con el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell , en momentos en que la agencia investigaba una querella en su contra por alegadas construcciones ilegales en ese municipio.

El análisis de la copia del expediente, apuntó el representante, les permitirá continuar la investigación sobre el trabajo de la OEG, la Oficina del Inspector General y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, así como las posibles lagunas legales que puedan permitir actos de corrupción en el servicio público.

En sus expresiones escritas, Pérez Vargas recalcó que, este cuatrienio, la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara ha hecho ocho requerimientos de información a la OEG y todos han sido atendidos. Sobre la solicitud de los documentos en controversia, insistió en que la Resolución de la Cámara 272 –que viabiliza la pesquisa– no faculta a la mencionada comisión “a solicitar un expediente investigativo particular y de carácter confidencial”.

“La Oficina no tiene nada que esconder, y nuestra acción de acudir a los tribunales es sinónimo de defender la institución y sus procedimientos”, puntualizó el funcionario.

“Este es un golpe más a la credibilidad y la confianza que los ciudadanos deben tener en sus instituciones. La resolución del Tribunal de Apelaciones es clara en cuanto a la facultad legislativa y constitucional de la Asamblea Legislativa de investigar y acceder a la información necesaria para legislar de manera informada y efectiva”, declaró, en tanto, Ferrer Santiago.

“Quedará en manos del Tribunal Supremo esta decisión; sin embargo, queda evidenciado y totalmente demostrado que la Oficina de Ética Gubernamental ha entorpecido la función legislativa, ha estado en la negativa y pone en evidencia cuestionamientos serios sobre el funcionamiento de la agencia”, agregó.

Durante esta sesión ordinaria –que culminó el 30 de junio–, Ferrer Santiago no solo investigó el trabajo de las dependencias fiscalizadoras, sino que promovió su reestructuración a través de los proyectos de la Cámara 1701 y 1702. Aunque ninguno fue aprobado, el representante indicó que retomará el tema en enero, de resultar favorecido en las elecciones del 5 de noviembre.

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