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Jenniffer González veta medida de Thomas Rivera Schatz que “podía afectar derecho constitucional”

En total, la gobernadora vetó seis medidas, cinco de ellas presentadas por legisladores del PNP en la Cámara o el Senado

19 de noviembre de 2026 - 11:51 AM

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Gonzalez Colón, junto a los presidentes legislativos. (Xavier Araújo)

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó cuatro medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa en la reciente sesión ordinaria, entre ellas una legislación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en medio de las diferencias públicas que mantienen ambos políticos.

En un comunicado de prensa, González Colón precisó que notificó su determinación a Rivera Schatz y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, mediante cartas fechadas el 17 de noviembre, exponiendo los fundamentos de los respectivos vetos.

De las seis medidas vetadas, cinco fueron presentadas por legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), mientras que la restante fue radicada por representantes del Partido Popular Democrático (PPD), según constató El Nuevo Día en el el sistema de trámite legislativo.

El Proyecto del Senado 465, radicado el 31 de marzo por Rivera Schatz, enmendaba la Ley 146-2012, conocido como el Código Penal, para añadir un nuevo elemento al delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública: el negarse a cooperar en una investigación criminal o a comparecer a un tribunal para autenticar un video con contenido delictivo que haya sido publicado en las redes sociales.

Sin embargo, la gobernadora señaló que vetó la legislación porque “podía afectar el derecho constitucional a no auto incriminarse y dejaba sin definir elementos esenciales de la conducta que se pretendía penalizar”.

Adicional a esta medida, González Colón rechazó la Resolución Conjunta del Senado 168, presentada el 27 de marzo por el senador del PNP, Ángel Toledo López, que ordenaba al Negociado de Energía adoptar un nuevo reglamento de interconexión para el 7 de enero de 2027.

“La Resolución Conjuntvoa 5-2026 ya había establecido ese mandato con el mismo plazo. El Negociado celebró siete talleres participativos y publicó un segundo borrador del reglamento. Duplicar el mandato podría retrasar el proceso en curso”, estableció la mandataria en el comunicado de prensa enviado por La Fortaleza.

Igualmente, González Colón no dio paso al Proyecto del Senado 986, radicado por el senador del PNP, Héctor Joaquín Sánchez, que disponía la incorporación de los funcionarios de la División de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a las operaciones de respuesta ante emergencias.

El veto señala que “la medida dejaba sin precisar las facultades de estos funcionarios, los requisitos de capacitación y equipo, y los protocolos de supervisión y coordinación”. También faltaba, según la mandataria, evaluar el costo de su activación y el efecto sobre las labores ordinarias de fiscalización del DACO.

Además, la primera ejecutiva del país frenó el Proyecto de la Cámara 839, presentado por los representantes del PNP Luis J. Jiménez Torres, Jerry Nieves Rosario y Joe Colón Rodríguez, que prohibía, entre otras cosas, el cobro de cuotas para participar en programas deportivos escolares.

“La gobernadora señaló que el Departamento de Educación ya dispone que el acceso a los programas del sistema público no puede condicionarse al pago. La medida carecía de un mecanismo de financiamiento que sustituyera los ingresos por cuotas, lo que podía limitar la oferta deportiva y la contratación de entrenadores especializados, particularmente en escuelas privadas”, se alegó.

A esta medida se suma el Proyecto de la Cámara 1034, radicado en enero de este año por los representantes del PPD, Ramón A. Torres Cruz, Swanny E. Vargas Laureano, Sol Y. Higgins Cuadrado, Ángel A. Fourquet Cordero y Lilibeth Rosas Vargas, también vetado por la gobernadora.

“La medida aumentaba de 17 a 23 los integrantes de la comisión encargada de atender la pobreza infantil. La gobernadora indicó que el proyecto carecía de datos que justificaran la ampliación y que sumar integrantes podía complicar la coordinación y la toma de decisiones. La medida también exigía armonizar reglamentos y directrices en 120 días sin evaluar suficientemente los recursos necesarios”, dice el parte de prensa.

Finalmente, la mandataria vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 297, radicada el 24 de febrero por el representante del PNP, Fernando Sanabria Colón.

La medida ordenaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estudiar alternativas para reducir la vulnerabilidad de la PR-1 entre la comunidad Las Ochenta, en Salinas, y el límite territorial con Santa Isabel, y rendir un informe en un término de 90 días.

La gobernadora expresó su respaldo al estudio, pero señaló que el DTOP carecía de una asignación presupuestaria para realizarlo dentro del plazo establecido. Por tanto, el veto a la medida plantea, entre otras cosas, estimar su costo, asignar fondos y establecer un término para completarlo.

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