La evaluación del nombramiento de la secretaria designada de Justicia, Janet Parra, tomó este martes un nuevo giro tras comprobarse que personal de su oficina intervino en el proceso de evaluación que el Senado lleva a cabo sobre la carrera y credenciales de la licenciada, con miras a confirmarla o descartarla.

El senador Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP), señaló que personal de la oficina de Parra llamó, el 3 de abril, al director de seguridad del Capitolio solicitando el día, la hora y el nombre de la persona que le entregó a dicho cuerpo legislativo documentos relacionados con la descalificación que la nominada enfrentó, en 2022, como abogada privada de un caso criminal.

Ese año, la conducta ética de Parra fue cuestionada en corte por el Departamento de Justicia, luego que decidió defender, tras renunciar a la agencia como fiscal, a dos presuntos miembros de una organización criminal que, como trascendió entonces, estuvo bajo investigación suya mientras dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas.

Los documentos fueron solicitados a la Fiscalía de Humacao por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Como resultado del intercambio de información, surgió una carta que Parra le cursó a la fiscal auxiliar Ana R. Garcés, destacada en la Fiscalía de Humacao, removiéndola de su cargo y asignándola a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor.

“Que alguien me diga si entiende que eso no es un acto de persecución”, dijo Morales, en entrevista con El Nuevo Día. “Algunos pueden decirme que es coincidencia, pero vaya qué coincidencia”, agregó.

A partir de la llamada del 3 de abril, el director de Seguridad del Capitolio entregó una carta detallando el contenido de la conversación. “Aparentemente, el que recibe la llamada le hace una minuta al presidente del Senado de lo que ocurrió”, indicó el senador por San Juan, quien, de inmediato, no pudo confirmar si Parra solicitó, a través de terceros, copia de los vídeos de las cámaras del Capitolio.

Los documentos solicitados y entregados están relacionados con la descalificación que Parra enfrentó como abogada de defensa en un caso de asesinato contra dos integrantes de la organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro, alias “Tuntún”, a quien Justicia investigaba. El Ministerio Público alegó, entonces, que había “un enorme potencial de que hubiese tenido acceso a información confidencial y privilegiada” cuando trabajaba para la agencia.

Entre los documentos, dijo Morales, hay correos electrónicos que supuestamente demuestran que la secretaria designada participó del “Plan 100 x 35”, una iniciativa de la Policía, en colaboración con Justicia, contra el narcotráfico.

“Lo que más que me llama la atención es que la licenciada Parra nos dijo que no tenía conocimiento del ‘Plan 100 x 35’ y que no tuvo acceso al mismo. Sin embargo, hay unas estipulaciones que ella hizo ante el tribunal (como parte del caso en su contra) y dice que participó del ‘Plan 100 x 35’”, arguyó Morales.

El 13 de enero –a preguntas de periodistas–, Parra rechazó haber participado en el “Plan 100 x 35”. Sin embargo, el 1 de marzo, durante su vista de nombramiento en el Senado, dijo había sido “una de las creadoras” del documento, según los récords periodísticos de ese día. Enfrentada con ambas respuestas, Parra indicó, también el 1 de marzo, que no participó en la puesta en vigor, “pero sí en la creación del plan”.

Morales indicó que desconoce si Parra, al día de hoy, cuenta con los votos mínimos para ser confirmada por el pleno del Senado. Sostuvo que cada legislador es responsable de evaluar las expresiones públicas de la funcionaria y, a partir de eso, votar. “Ya esa labor la hice y, por eso, luego de la vista (de confirmación), decidí que le iba a votar en contra”, aseveró.

Agregó que no hará gestión alguna para promover entre sus colegas un voto a favor o en contra de la nominada.

Como parte del proceso de evaluación, Rivera Schatz se reunirá este miércoles con el fiscal Héctor Luis Siaca, quien, como Parra dijo previamente, es uno de los funcionarios a los que supuestamente protegió cuando decidió no elevar al Tribunal Supremo su caso de descalificación y evitar así que sus “compañeros pasaran por un proceso investigativo”.

De concretarse el rechazo senatorial, Parra se uniría a Natalia del Valle Catoni, quien fue derrotada en la Cámara alta, a mediados de marzo, como secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor. El domingo pasado, además, la gobernadora Jenniffer González retiró la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria de Estado tras confirmarse que no contaba con el favor del Senado, pese a que ya había sido confirmada por la Cámara de Representantes.

Además de Parra, la secretaria designada del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Nydza Irizarry Algarín, aún no ha sido considerada por el Senado. El domingo, Irizarry Algarín indicó que no le han dado fecha para su vista de nombramiento, pero aseguró que “todo está en orden divino”.