El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó este miércoles un paquete de cinco medidas ante la Asamblea Legislativa para establecer límites a las designaciones por órdenes ejecutivas, prohibir la participación de cabilderos en la contratación pública y ofrecer mejores mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el gobierno.

Además, sometieron una resolución conjunta para exigir a la gobernadora Jenniffer González la separación inmediata de Suzanne Roig Fuertes del cargo de secretaria del Departamento de la Familia.

“La corrupción comienza cuando, por encima de las disposiciones constituciones y legales, hay gobernadores que delegan poderes sobre personas que responden a otros intereses”, expresó el secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, en conferencia de prensa en la sede del partido.

El Proyecto de la Cámara (PC) 1565 busca prohibir que cabilderos participen directa o indirectamente en subastas, contratos, solicitudes de propuestas, solicitudes de cualificaciones y cualquier otro procedimiento que pueda obligar, comprometer, transferir o desembolsar fondos públicos.

“Busca evitar que estas personas que trabajan a beneficio de diferentes oficinas tengan un acceso privilegiado o que los contactos políticos alteren la justa competencia”, resaltó la representante Nellie Lebrón Robles, que presentó la medida.

Por otro lado, radicaron el PC 1566, que busca delimitar las facultades de una persona designada por una orden ejecutiva a funciones de asesoramiento, coordinación, recopilación de información, seguimiento, documentación y recomendación no vinculante. Además, prohibiría que dichos decretos creen cargos, oficinas, entidades o poderes que requieran autorización legislativa, eludan requisitos de nombramiento o invadan facultades conferidas por la ley o la Constitución a otros funcionarios u organismos.

A una semana de jurar al cargo, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para crear la Oficina del Zar de Energía, al mando de Josué Colón Ortiz. La semana después, amplió las facultades del secretario de la Gobernación, en ese entonces Francisco Domenech, mediante la OE-2025-008.

Los legisladores del PIP añadieron que estas preocupaciones surgen en el contexto de señalamientos sobre irregularidades y posibles actos de corrupción en la contratación pública, así como de dudas sobre la eficacia de la fiscalización y la rendición de cuentas de funcionarios que no pasan por el cedazo legislativo.

“Ninguna orden ejecutiva puede utilizarse para crear cargos, otorgar poderes que no concede la ley, o sustituir la autoridad de funcionarios legítimamente designados. La coordinación gubernamental no puede ser una excusa para saltarse la ley y concentrar el poder evadiendo los controles establecidos constitucionalmente”, dijo, por su parte, la portavoz alterna del PIP en la Cámara de Representantes, Adriana Gutiérrez Colón.