La Cámara de Representantes dio paso de manera unánime este martes a una medida que prohibiría los contratos de servicios profesionales en el gobierno con personas que hayan admitido la comisión de delitos de corrupción, independientemente de si fue procesada y convicta por tal conducta.

El Proyecto de la Cámara (PC) 738 enmienda la Ley 237-2004, que establece parámetros para la contratación de servicios profesionales y consultivos en las agencias. Asimismo, crea un registro interno y confidencial, que mantendrán el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), que contendría los nombres de las personas que, beneficiadas por acuerdos de inmunidad, hayan admitido su actuación delictiva contra la integridad pública o malversación de fondos.

“Estamos eliminando ese espacio que la ley permitiría contratar con personas que, habiendo admitido los hechos sin declararse culpables y sin ser convictos o culpables, pudiese volver a contratar”, expresó el representante Ramón Torres Cruz, autor del proyecto de ley.

“Al final de cuentas, lo que estamos buscando es que el que le falló, el que en algún momento tuvo la osadía de meter la mano y llevarse lo que no es suyo, no pueda volver a contratar con el gobierno”, agregó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

De convertirse en ley la medida, que continuará su trámite en el Senado, los contratistas deberán certificar que no han sido convictos o admitido la comisión de delitos de corrupción pública.

Además, toda entidad gubernamental deberá solicitar una certificación del mencionado registro de Justicia y de la Opfei, “previo a la otorgación de contrato, para constatar si el contratista se encuentra impedido de contratar con el gobierno, independientemente si a este se le formularon cargos o resultó convicto”.

“La corrupción gubernamental son como las telas de araña, que los gobiernos tratan de limpiar la tela de araña, pero no eliminan la araña. Si seguimos eliminando la telas de araña, la araña mañana va a volver a construir la tela de araña. Este proceso le da un golpe a la araña. Este proceso le da un golpe a los insectos que quieren robarnos el dinero del pueblo”, verbalizó Torres Cruz.

Durante la discusión en sesión, la representante Adriana Gutiérrez Colón indicó que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) respaldaba la medida, pero subrayó que no se debe haber llegado al punto de legislar para prohibir que los corruptos se sigan beneficiando del pueblo.

“Lo que tenemos que atacar y atender de manera urgente son las consecuencias y la raíz del problema (de la corrupción) en nuestro gobierno. Por ejemplo, y para empezar, hay que acabar con el inversionismo y el clientelismo político, acabar con estas prácticas de utilizar las aportaciones políticas y aportaciones económicas como una inversión para luego procurar contratos, influencias y privilegios dentro del gobierno”, aseveró la legisladora, quien enfatizó en la necesidad de fortalecer la fiscalización y la transparencia en la contratación gubernamental.

“La lucha contra la corrupción no puede limitarse a castigar a quienes se enriquecen ilegalmente. Aunque es importante, y por eso favorecemos el proyecto, pero sobre todo, tienen que impedir que se reproduzcan las condiciones que permiten y, a veces, promueven ese enriquecimiento”, añadió.

La Cámara dio paso también a otras seis legislaciones, incluido el PC 1395, la versión cameral del Proyecto de Administración 148, que busca ampliar de 15 a 30 días la notificación por correo certificado de la morosidad de un titular, por concepto de cuota de mantenimiento en una comunidad con control de acceso, para efectuar el pago antes de que el Consejo, Junta o Asociación de Residentes recurra a la vía judicial.

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el representante Luis Pérez Ortiz, aclaró que la legislación no busca eliminar o perdonar deudas de los propietarios, ni elimina el derecho de las juntas de residentes de cobrar, solo concede 15 días adicionales.

“Lo que buscamos es darle al ciudadano un poco más de tiempo para rectificar la deuda, aclarar cualquier error, buscar orientación o conseguir el dinero necesario para poner al día lo que debe, si algo”, aseveró el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).