La Policía respaldó este miércoles una legislación para retirar armas ilegales de las calles, al considerar que provee herramientas adicionales para fortalecer la seguridad pública y optimizar el cumplimiento de la ley y los recursos gubernamentales.

La propuesta, agregó la Uniformada, representa una alternativa “razonable y beneficiosa” para que los ciudadanos en posesión de algún arma ilegal regularicen su situación sin la necesidad de recurrir a procesos judiciales o administrativos más extensos o costosos.

“Esto contribuye a reducir la carga operacional sobre las agencias de gobierno y los componentes de seguridad pública permitiendo enfocar mayores recursos en asuntos de mayor complejidad y riesgo para la ciudadanía”, dijo el inspector Marcos Martínez López, durante una vista pública de la Comisión de Seguridad, en la que se discutió el Proyecto de la Cámara (PC) 1260.

La pieza bajo análisis busca enmendar el Artículo 7.22 de la “Ley de Armas de 2020”, con el fin de declarar una amnistía general de hasta 90 días. Bajo este marco legal, cualquier ciudadano podría entregar voluntariamente a la Policía armamento ilegalmente adquirido, encontrado o de procedencia desconocida, con la garantía de que no sería acusado ni procesado por la tenencia ilícita del material.

“Las iniciativas de amnistía de armas, históricamente, han constituido herramientas importantes de política pública para promover la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones que permanecen fuera del marco legal o regulatorio”, agregó Martínez López.

Aun así, la Policía propuso enmiendas dirigidas a procurar el análisis y divulgación de estadísticas relacionadas con las armas y municiones entregadas durante el período de la amnistía. La recopilación puede ser una herramienta para evaluar su impacto y fortalecer futuras estrategias de control y rastreo.

La Asociación de Armeros de Puerto Rico también coincidió con el propósito de la medida, aunque expresó reparos ante la categorización de lo que es un “arma ilegal”. La organización cuestionó, por ejemplo, que se incluyan las armas que pertenecieron a ciudadanos que, en su momento, contaron con una licencia de portación vigente.

“Un arma ilegal en el estricto sentido debiera ser aquella que nunca fue registrada en los archivos del Registro de Armas de la Policía o aquella que fue registrada, pero fue reportada hurtada por su poseedor legítimo. No se convierten ilegales por el mero hecho de que el titular de las mismas hubiese fallecido o porque, por razón alguna, la dejó en custodia de una persona con licencia de armas y luego no la buscó”, expresó el presidente de la Asociación, Víctor González García.

Solicitó, igualmente, que se incluya lenguaje que permita a las personas que heredaron armas de familiares fallecidos proceder con la inscripción en su licencia.

El proyecto de ley especifica que el gobierno de Puerto Rico no podrá abrir ningún tipo de investigación ni expediente, ni radicar cargos criminales por la posesión o tenencia ilegal de un arma de fuego entregada a la Policía por las personas que se acojan a la amnistía y voluntariamente entreguen el material.

No obstante, el Instituto de Ciencias Forenses llevaría a cabo una investigación sobre la procedencia de las armas entregadas, a los efectos de establecer si están vinculadas con algún evento delictivo.

Asimismo, la propuesta dispone que sería la Policía, en colaboración con otras entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, la que establezca los centros de acopio autorizados a recibir armas de fuego y municiones.

Sobre este último punto, el representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático, expresó preocupación por el mecanismo que se utilizaría para la entrega de las armas. La última amnistía de este tipo fue en el 2012.

“Me preocupa que habilitemos cuarteles de bomberos, oficinas de manejo de emergencias… porque son lugares donde no hay seguridad y tendríamos allí un cajón lleno de armas con un personal que no está adiestrado”, expuso Torres Cruz.

En iniciativas similares previas, dijo Martínez López, se ha asignado personal de la Policía a los lugares que se han identificado como centros de acopio.