La manifestación indefinida que, por más de un mes, mantuvo bloqueados los accesos del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR) llegó a su fin oficial este miércoles, con la firma de una serie de acuerdos entre la administración universitaria y el liderato estudiantil.

“Después de un diálogo sosegado, responsable y considerando los planteamientos de la comunidad estudiantil, la Administración Universitaria del RUM establece los siguientes acuerdos con el Consejo General de Estudiantes para dar por terminadas las manifestaciones estudiantiles y garantizar el libre acceso a las facilidades universitarias”, reza el documento, firmado hoy, 27 de mayo.

Los acuerdos establecen que la administración no tomará represalias contra los manifestantes y se establecerá un “diálogo institucional”.

Se acordó “reconocer que tanto la administración universitaria como el Consejo General de Estudiantes han expresado consistentemente la necesidad de mantener espacios de diálogo, acceso razonable y mecanismos institucionales que permitan atender los reclamos de la comunidad universitaria sin poner en riesgo la estabilidad académica del recinto”.

Asimismo, se reconoció como preocupaciones legítimas de los estudiantes los “reclamos relacionados con el presupuesto universitario, la defensa de la autonomía universitaria, la estabilidad institucional y el fortalecimiento de los servicios estudiantiles”.

El Nuevo Día supo que los portones han estado libres de manifestaciones desde el martes, pues ya el lunes por la noche no quedaban manifestantes en los accesos.

El documento fue firmado por el rector interino del RUM, Miguel Muñoz Muñoz; el vicepresidente del Consejo General de Estudiantes, William Santiago; y el representante estudiantil Alberto Maldonado. Incluye un acuerdo para solicitar una reunión entre el liderato estudiantil, el rector interino y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.

“Se autoriza la modalidad de cursos asistidos por tecnología por lo que resta del período lectivo. Conferencias y laboratorios que no puedan ser ofrecidos de forma virtual culminarán de forma presencial”, establece el documento.

Los estudiantes del RUM decretaron una manifestación indefinida desde el 13 de abril, sujeta a una serie de reclamos, entre ellos, la renuncia de Jordán Conde y de Muñoz Muñoz, así como que se asignen más recursos económicos al sistema universitario.

El 11 de mayo, el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó que se tenían que reabrir los accesos al recinto. Los ocho portones del campus habían sido cerrados o bloqueados durante la manifestación por el sector estudiantil, estableció el juez.

Desde entonces, la administración había iniciado labores para reabrir los accesos, eliminando objetos usados para bloquear. La Colectiva Estudiantil del RUM, en declaraciones escritas, indicó, la semana pasada, que continuarían las manifestaciones en los portones, dado que los reclamos estudiantiles no habían sido atendidos.

Mayagüez era la única unidad de la UPR en el que continuaba vigente una manifestación estudiantil, luego que, a inicios de abril, el descontento con la administración de Jordán Conde llegara a su punto más álgido y los 11 recintos se unieron en paralizaciones decretadas por alumnos.

El anuncio del acuerdo entre la administración y el estudiantado se dio a conocer horas después que la representación legal de la presidenta del Consejo General de Estudiantes, Tainary Delgado Pérez, solicitara una reconsideración al tribunal sobre la orden para reabrir los portones.

Y es que el entredicho otorgado por Báez Collado ponía el peso de cumplir con la orden sobre el consejo estudiantil, ente que no controlaba los accesos al recinto, pues los manifestantes no eran parte de la directiva de dicho ente, argumenta la moción.

“Un interdicto que ordena a la señora Delgado Pérez a habilitar el acceso al RUM cuando son terceros no identificados –sin ningún vínculo procesal con este caso– quienes los controlan físicamente, constituyó un remedio ‘in vacuo’: obliga a quien no tiene poder de cumplir y deja intacta la situación que se pretende remediar”, establece la reconsideración, presentada en la noche del ayer, 26 de mayo.

“Si en 2017 la UPR no quiso o no pudo cumplir con un interdicto emitido por el Tribunal de Apelaciones, incurriendo en desacato, con mayor razón resulta irrazonable pretender que una estudiante, en su carácter de presidenta de un cuerpo de representación estudiantil –al cual no se le reconoce autoridad jurídica para instruir u ordenar a los miembros de la comunidad universitaria a actuar o abstenerse de actuar– pueda cumplir con una orden de esa naturaleza”, añade.

La representación legal de la líder estudiantil solicitó que se deje sin efecto la sentencia que concedió el interdicto, pues señalan que existen otros remedios en ley para abrir los portones del recinto.

“Si la UPR y el gobierno de Puerto Rico optan por no emplear la fuerza estatal debido a consideraciones de costo político, el Tribunal no debe facilitar el que la parte demandante (la UPR) eluda dicha responsabilidad constitucional. El propio Tribunal advirtió durante la vista que ‘los tribunales no están para ver qué sucede, ni como mecanismo de presión a un grupo’. Ese pronunciamiento, expresado con claridad por el juzgador, debió prevalecer en la decisión final. La responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes es de la UPR y la Rama Ejecutiva en adhesión al orden constitucional y el mandato de la Rama Legislativa”, indica la moción de reconsideración.