El representante popular Luis Raúl Torres. (Ramón “Tonito” Zayas)

Entre los múltiples proyectos legislativos radicados en los pasados días, algunos en reacción a los recientes casos de violencia de género, figura uno del representante popular Luis Raúl Torres que clasifica como asesinato en primer grado la muerte violenta de una mujer embarazada y reconoce como asesinato la muerte del feto que lleve en su vientre.

El Código Penal vigente clasifica este tipo de agresión violenta como un solo asesinato, delito que conlleva una pena carcelaria fija de 99 años. Sin embargo, a nivel federal, la denuncia contra el boxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz incluye el acto de “matar a un niño sin nacer”.

La fiscalía federal certificó en el expediente del caso contra Verdejo que los delitos imputados, que incluyen también carjacking y secuestro, pueden conllevar “el máximo posible de pena de muerte”.

El Proyecto de la Cámara 715 enmienda el Código Penal para reconocer un feto como una persona natural. De cometerse una agresión en que solo pierda la vida el feto, el agresor se expondría a un cargo por asesinato.

“Podemos y debemos de promover la vida del nasciturus con medidas también de carácter penal que puedan enviar un mensaje claro a nivel social y pueda proteger ese valor humano. Todo eso es posible sin infringir las decisiones de los tribunales al respecto, revertirla completamente desde acciones meramente legislativas”, sostuvo Torres en la exposición de motivos al referirse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal que reconoce el derecho al aborto.

“Esta enmienda del Código Penal nuestro no afecta la posibilidad de la mujer a poder a abortar, ya que la femenina que es asesinada o que al ser agredida tiene como consecuencia la muerte del nasciturus tiene el deseo a tener su bebé. Y el texto legal de esta enmienda lo dice expresamente para que no quede duda al respecto”, agregó.

La medida establece que no se expondrá a un cargo por asesinato del feto una persona que realice un aborto legal, cualquier persona que realice un tratamiento médico a una mujer embarazada o su feto o cualquier mujer “con respecto a las decisiones legales que tome con respecto a su hijo por nacer”.

Otras medidas contra la violencia de género

Los representantes populares Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Héctor Ferrer Santiago radicaron ayer, lunes, el Proyecto de la Cámara 713 que extiende, “sin que medie procedimiento adicional alguno”, por un periodo que no será menor a un año el término aplicable a cualquier orden de protección expedida por un juez.

En la exposición de motivos de la medida se expone la crisis de violencia de género que vive el país, pero no alude específicamente al mérito que pueda tener que el término de cualquier orden de protección sea de no menos de un año.

El mismo grupo de representantes populares radicó el Proyecto de la Cámara 714, que enmienda la Ley 85-2018, conocida como la Ley de la Reforma Educativa, para elevar a rango de ley la educación con perspectiva de género.

El texto de la medida alude específicamente a la necesidad de establecer un programa de enseñanza o un currículo con perspectiva de género, de promover la equidad de género y la prevención de la violencia de género, a través de cambios al currículo de enseñanza.

La ley vigente solo dispone que el titular de Educación deberá coordinar un currículo que promueva “la igualdad entre los seres humanos, el manejo de conflictos o control de ira y la prevención de la violencia de género.

En el proyecto no se define perspectiva de género o equidad de género, aunque se reconoce la necesidad de que el Departamento de Educación apruebe ciertos reglamentos para hacer valer la propuesta ley.

En los pasados días, el país ha estado conmocionado por los asesinatos de Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas.

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Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.

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