El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, que la revocación de nueve empleados bajo destaque en el cuerpo legislativo podría constituir una “represalia” e “interferencia indebida”, al sostener que tres guardaban relación directa con la pesquisa en curso sobre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García.

En una carta fechada este viernes y a la que El Nuevo Día tuvo acceso, Rivera Schatz identificó a Glangely González Burgos, Melissa Jiménez Bosques y Yusell Santiago Rodríguez como los tres licenciados que supuestamente guardaban relación directa con la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 548.

En la misiva, el líder senatorial sostuvo que la revocación contrasta con determinaciones recientes del propio Departamento de Justicia.

Rivera Schatz sostuvo que, mediante cartas suscritas el 25 y el 29 de junio, Gómez Torres había autorizado la extensión de los mismos destaques desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.

En esas comunicaciones, Justicia indicó que el destaque administrativo permite “maximizar el uso de los recursos humanos de manera costoefectiva y en atención al principio de mérito”.

Rivera Schatz señaló que Justicia revocó la totalidad de los destaques bajo el argumento de una “reorganización” menos de tres semanas después de autorizarlos y a pocos días de que el Senado remitiera, el 12 de julio, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) información jurada que, a su juicio, implicaría a Domenech y García.

El presidente senatorial indicó, además, que la cancelación ocurrió luego de que expresara públicamente que no consideraba necesario contratar recursos externos para continuar la investigación, pues el Senado contaba con personal propio, incluidos los fiscales destacados.

“La revocación priva al Senado precisamente de esos recursos. Ninguna de las circunstancias que propiciaron la concesión de los destaques cambió en ese período. Lo único que cambió fue el curso de la investigación”, planteó, en la misiva.

La Resolución del Senado 548 fue aprobada el 19 de junio y ordena investigar alegaciones contenidas en una querella presentada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard.

La medida busca examinar señalamientos sobre la posible comisión de delitos, intervenciones indebidas, conflictos de interés y otras violaciones de ley atribuidas a Domenech, García y otros funcionarios.

“La secuencia descrita permite razonablemente inferir que la revocación de estos destaques constituye una represalia y una interferencia indebida con una investigación legislativa en curso”, alegó Rivera Schatz, en su carta.

También, advirtió a la secretaria de Justicia que la actuación podría configurar el delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública, así como contravenir la Ley 115 de 1991, que prohíbe las represalias contra empleados por ofrecer testimonio ante foros legislativos, administrativos o judiciales.

Luego de que Justicia negara que la revocación respondiera a represalias, Rivera Schatz publicó, en sus redes sociales, las nueve cartas mediante las cuales Gómez Torres había autorizado los destaques desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que cambiaran las circunstancias que dieron paso a su concesión.

“¡El Departamento de Justicia miente! Aquí, las nueve cartas (...) autorizando los destaques. Poco más de dos semanas después y unos días luego del referido por corrupción de Domenech e Itza García, los cancelaron por ‘reorganización’”, escribió Rivera Schatz.

Las autorizaciones correspondían a Yusell Santiago Rodríguez, fiscal auxiliar II y asesor legal de la Comisión de Asuntos Internos; Albert Torres Mercado, fiscal auxiliar I y director ejecutivo de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social en la oficina de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez; y Edgardo Rosado Cortés, fiscal auxiliar II y asesor legal de la Oficina del Portavoz de la Mayoría, Gregorio Matías Rosario.

También, figuraban Glangely González Burgos, fiscal auxiliar I y directora de la Oficina de Asesores Legislativos; Melissa Jiménez Bosques, fiscal auxiliar I y asesora legal de esa oficina; y Alex II López Millán, fiscal auxiliar I y director ejecutivo de la oficina legislativa y la comisión de la senadora Wanda Soto Tolentino.

De igual forma, estaban destacados Cristina I. Dávila Pernas, fiscal auxiliar II y asesora legislativa de la Oficina de Asesores del Presidente; Ángel A. Rodríguez Nazario, fiscal auxiliar I y director ejecutivo de la comisión del senador Héctor G. González López; y Orlandy Cabrera Valentín, fiscal auxiliar I y asesor legal de las comisiones de Gobierno y de lo Jurídico junto al senador Ángel A. Toledo López.

Más temprano, Justicia rechazó que la cancelación de los destaques estuviera relacionada con alguna gestión, investigación o asunto particular de una rama de gobierno, y sostuvo que la medida responde “exclusivamente a necesidades operacionales del Ministerio Público”.

La agencia reiteró que la reorganización no se limitó al Senado, sino que también incluyó la reversión de destaques de fiscales auxiliares y otros funcionarios asignados a la Cámara de Representantes, la Junta de Planificación, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de la Vivienda y distintos municipios.

La secretaria de Justicia sostuvo que este tipo de determinaciones forma parte del ejercicio regular de las facultades que la Ley Orgánica del departamento le concede como autoridad nominadora y que se aplican bajo criterios uniformes en las distintas dependencias donde mantiene personal destacado.

“El Departamento de Justicia mantiene su respeto institucional a la Asamblea Legislativa y a todas las agencias con las que colabora. Las determinaciones de personal se toman pensando en el mejor uso de nuestros recursos para cumplir con nuestra misión constitucional, y no responden a ninguna otra consideración”, expresó Gómez Torres, en declaraciones escritas.

La gobernadora Jenniffer González sostuvo, por su parte, que los destaques “no son un derecho”, sino una facultad discrecional de la Rama Ejecutiva.

Detalló que, entre enero de 2025 y junio de 2026, el Senado tuvo 78 empleados destacados, cuyos salarios no tuvo que restituir. De 54 solicitudes de renovación recibidas, indicó que se aprobaron 40, mientras que los nueve destaques de fiscales fueron cancelados debido a necesidades de Justicia.

González añadió que, tras el aumento otorgado al presupuesto legislativo, “ya no existe la misma necesidad que antes de contar con el apoyo de la Rama Ejecutiva a través del mecanismo de destaques”.

Como comparación, señaló que, según récords parciales encontrados en La Fortaleza, el Senado tenía 19 empleados destacados en 2024.

La portavoz de Domenech indicó a este medio que, por el momento, desconocía si el secretario de la Gobernación emitiría expresiones sobre el asunto.