El secretario de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, rechazó este miércoles los hallazgos de una investigación del medio periodístico ProPublica sobre un supuesto esquema de compra de votos a cambio de drogas en las cárceles, durante el ciclo electoral de 2024, que habría favorecido a la gobernadora Jenniffer González.

“En el 2024, ni Jenniffer González era la gobernadora ni este servidor era el secretario. Aquí se están haciendo las cosas correctamente, o alguien pensaría que la gobernadora iba a traer un exfiscal, un exjuez superior para hacer lo contrario”, indicó el secretario, en referencia a su trayectoria, al llegar a una vista pública en la Cámara de Representantes en la que se discutiría el presupuesto de la agencia.

ProPublica, una organización periodística sin fines de lucro, reveló el martes que, tras la elección de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos frenó una pesquisa sobre el presunto esquema y ordenó excluir las denuncias sobre la compra de votos de las alegaciones en el pliego acusatorio, a pesar de que los investigadores tenían pruebas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional de la isla.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31, también conocida como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de “drones”. El pleigo acusatorio alude a presuntas presiones de índole electoral.

Quiñones dijo que conoció de las alegaciones a través de la publicación periodística y aseguró que no ha recibido ningún requerimiento de información de parte del gobierno federal relacionado con esas denuncias. “No tengo ninguna información, mas allá de lo que dice ese reportaje, así que, de nuevo, en el 2024 no estábamos”, insistió.

“Si ellos (fiscalía federal) tienen alguna información que implique a algún empleado, más allá de los confinados que fueron acusados, pues ellos procederán en algún momento, si es que ellos tienen la evidencia”, expuso a preguntas del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer Santiago.

Cuando se efectuaron los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, precisó que el Grupo 31 se creó formalmente en 1998 y que tenía como objetivo “establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

La gobernadora ha negado los señalamientos y alegó el martes que se trataba de “un intento de aquellos que quieren mancillar” su reputación. Al ser abordada sobre el tema este miércoles durante una rueda de prensa, en La Fortaleza, dijo que no cree que las autoridades en la isla deban investigar el asunto.

Cuando se anunciaron los arrestos, la entonces secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, dijo que podía haber “otras etapas” de la investigación e incluir “arrestos de empleados”.

Durante la audiencia pública, el secretario del DCR afirmó que la agencia no mantiene ninguna investigación interna relacionada con lo alegado en el pliego acusatorio federal, y enfatizó que los “privilegios indebidos” a confinados de parte del personal, como el uso de celulares, “no está permitido”.

“El que yo coja haciendo eso o algo similar se va del Departamento, así que mano firme con eso”, mencionó el funcionario.

El pliego acusatorio incluyó una serie de señalamientos en contra de empleados del DCR, entre ellos, que “mediante la indiferencia o actos indebidos permitieron que la distribución ilegal de drogas del Grupo 31 prosperara”. Según la denuncia, miembros del grupo carcelario recibieron privilegios, que incluyeron horarios de visitas especiales y el uso de celulares, consolas de videojuegos y auriculares.

En 2024, detalló Quiñones, la agencia ocupó $3.4 millones en contrabando, y año siguiente la cifra aumentó a $6.4 millones. “Recibimos mucha información de situaciones dentro del sistema correccional, y las canalizamos. En algunas ocasiones, esas investigaciones producen arrestos”, señaló.

Quiñones confirmó que la agencia cuenta con consolas de videojuegos y que se conceden visitas especiales, pero para disfrutar de dichos beneficios tienen que mediar autorizaciones y cumplirse unos requisitos reglamentarios. “El privilegio no puede ser por intercambio, en compensación o para permitir una conducta ilícita”, subrayó.

El representante Ferrer Santiago presentó el martes la Resolución de la Cámara 693 para que la Comisión de Seguridad Pública de dicho cuerpo legislativo investigue el presunto esquema de trasiego de drogas en las cárceles a cambio de votos.

“Las denuncias que han salido a la luz pública son sumamente serias y atentan contra la integridad de nuestro sistema democrático. No podemos permitir que alegaciones de compra de votos, intimidación a confinados y posible participación de empleados públicos queden sin ser investigadas a fondo”, expresó Ferrer Santiago en declaraciones escritas.

Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado presentaron su propia medida. “Las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de esta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación, con las severas implicaciones que tiene”, expresó la senadora María de Lourdes Santiago.

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La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia