Como parte de los trabajos legislativos, el Senado le dio paso este lunes a una medida para que toda la información divulgada en los portales electrónicos de las agencias gubernamentales sea publicada en español e inglés, en cumplimiento de la Ley 1-1993.

El mencionado estatuto no solo estableció que el español y el inglés son los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico, sino que reconoció el derecho del ciudadano a solicitar la expedición de documentos en uno o ambos idiomas. Asimismo, autoriza que se realicen traducciones e interpretaciones orales de un idioma a otro, de modo que las partes interesadas puedan comprender el procedimiento o comunicación.

“A pesar del mandato de la Ley 1-1993, aún existen dependencias gubernamentales que no proveen sus documentos debidamente traducidos al idioma inglés a través de sus correspondientes portales de internet”, lee el Proyecto del Senado 1032, del presidente Thomas Rivera Schatz.

“No tener disponible un documento o formulario de solicitud de servicio a un ciudadano por el mero hecho de no encontrarse en el idioma vernáculo de quien lo peticiona, afecta adversamente el derecho de este para acceder información pública”, agrega el proyecto.

La legislación recibió 22 votos a favor y cuatro en contra. Estos últimos fueron de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por María de Lourdes Santiago y Adrián González; y de los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández y José A. Santiago.

También pasó el cedazo legislativo el Proyecto del Senado 1012, para facultar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a extender, de manera temporera, la vigencia del marbete o autorización de navegación de embarcaciones del gobierno federal, en aquellos casos en que no se pueda completar la renovación a tiempo.

Entre las situaciones que podrían interrumpir o paralizar el funcionamiento regular de las agencias federales, están los llamados ‘shutdown’ o cierres. “El proyecto busca evitar interrupciones innecesarias en el uso de embarcaciones, protegiendo así a los ciudadanos y a la industria marítima ante retrasos administrativos fuera de su control”, dispone la legislación.

El informe de la medida detalla que la extensión de la vigencia del marbete tendría un carácter estrictamente provisional y no excederá de 90 días, o del período que dure la interrupción de los servicios federales.

El PS 1012 solo recibió el voto en contra del senador independiente, Eliezer Molina.

Otras medidas aprobadas fueron el Proyecto de la Cámara 878, para que el portal principal del gobierno incluya un enlace al “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores” ; y el Proyecto de la Cámara 641, para autorizar la caza de cerdos salvajes a todo agricultor que así se vea afectado por la presencia de estos animales en sus fincas.

Durante la sesión, la mayoría legislativa validó siete nombramientos presentados por la gobernadora Jenniffer González, con excepción de la designación de la licenciada Gina Patricia García Ortiz, como fiscal auxiliar I del Departamento de Justicia.

Fueron confirmadas las licenciadas Yamilza Mabel Vázquez Cuevas y Maylén Colón Cabán, ambas para un ascenso como Fiscal Auxiliar II; y los abogados Natalie M. Martínez Muñiz, Carolina Medina de Gracia y Derick Rivera Muñiz, como Fiscales Auxiliares I. La misma suerte corrió Vanessa del Moral Rosario, como miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado; y Wandie Camacho Santiago, como Procuradora de Asuntos de Menores.

La semana pasada, la gobernadora vetó cinco medidas presentadas por senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) por -entre otras cosas- no contemplar o atender su impacto fiscal o por ser contradictorias a los objetivos de su administración.