A menos de tres horas de haber culminado su comparecencia en vista pública ante el Senado, la mayoría en ese cuerpo legislativo confirmó este jueves a la licenciada Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico.

“Confirmado el nombramiento de la licenciada Carmen Vega Fournier como nueva contralor de Puerto Rico. Notifíquese a la señora gobernadora de Puerto Rico”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Vega Fournier, quien al momento se desempeña como presidenta del Banco de Desarrollo Económico (BDE), fue ratificada con el aval de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, así como del senador independiente, Eliezer Molina, y con la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño.

Tras el aval senatorial, la designación pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes.

Sustituiría a Yesmín Valdivieso, quien ha ocupado el puesto por 15 años. Vega Fournier fue nombrada al cargo el 25 de septiembre, a 48 horas de que la Oficina del Contralor allanara la alcaldía de Cataño e incautara una decena de computadoras, y de que Valdivieso opinara que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) debe quedarse como un ente independiente, contrario a la posición de la gobernadora Jenniffer González, quien promueve su integración a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Vega Fournier es abogada y contable con experiencia en el gobierno y el sector privado. Laboró como asesora de instituciones financieras y aseguradoras, así como profesora y ex directora ejecutiva del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales.

Durante la audiencia pública de esta mañana, presentó su agenda de trabajo para la Contraloría, que incluye la creación de un Observatorio de Cumplimiento Ético y Financiero para reconocer a las entidades con controles internos robustos y manejo financiero ejemplar.

Asimismo, anticipó la modernización tecnológica de la dependencia y el uso de la inteligencia artificial como una aliada de la fiscalización. “Mi propósito principal no es castigar, sino prevenir, educar y proteger los recursos del pueblo, asegurando que cada dólar se haya invertido donde realmente se necesita y evitando cualquier desvío o uso indebido de fondos”, señaló.

Sostuvo que, como parte de su desempeño, no habría espacio para las zonas grises, por lo que implementaría una política de transparencia activa, que incluirá procesos abiertos, rendición de cuentas periódicas y la publicación inmediata de auditorías, garantizando el acceso –en tiempo real– a datos de la entidad.

“La institución debe contar con sistemas capaces de integrarse, o hacer interfaces con las plataformas digitales de los municipios y las agencias gubernamentales, fortaleciendo la fiscalización, reduciendo duplicidades y mejorando la trazabilidad de las finanzas públicas”, anotó.