El Senado confirmó este lunes a la licenciada Julie O. Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tras una vista pública en la que –horas antes– no solo presentó su plan de trabajo, sino que aseguró, con algo de cautela, que la atención de salud a la población penal está garantizada.

“Confirmado el nombramiento de la licenciada Julie Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Infórmese a la gobernadora”, anunció el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien más temprano había anticipado su respaldo a Gómez Gómez.

“Usted tiene mi voto de confianza. Estoy seguro que usted va a hacer un buen trabajo. Tiene un equipo allá adentro de gente que está comprometida, que se sacrifica largas horas... Lo que le pido es que no le fallemos ni a Puerto Rico ni a la población penal”, dijo el líder senatorial.

La designada ingresó al servicio público, en 1999, como técnico de servicios sociopenales, aunque a través de los años ocupó otros cargos dentro del DCR y en el gobierno. Al momento de su designación, dirigía la Oficina de Asuntos Legales y Contratos del Departamento de Estado.

Gómez Gómez logró el aval de la Cámara alta tras una audiencia pública en la que fue confrontada por el presidente del Senado sobre los servicios médicos que reciben los confinados, una evaluación que la funcionaria intentó evadir en un principio. No obstante, terminó asegurando que la atención de salud a la población penal está plenamente garantizada.

Gómez Gómez argumentó que calificar la atención médica en el sistema penitenciario podría afectar el caso judicial que mantiene enfrentados a Physician Correctional, que administra los servicios de salud, y al DCR por la cancelación del contrato. Rivera Schatz rechazó el argumento.

“Entre dar un servicio bien y no darlo, no hay puntos medios. Yo quiero saber si el DCR hoy está garantizando los servicios de salud de los confinados, ¿sí o no?”, insistió el líder senatorial.

La nominada se limitó a responder: “Estamos implementando una política para asegurarlo”.

“Irrespectivamente si lo están haciendo de la manera que lo estén haciendo, un contrato se cancela si usted lo quiere cancelar. No hay contrato en el gobierno que no tenga una cláusula para cancelación, irrespectivamente lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, así que eso no afecta judicialmente”, sostuvo Rivera Schatz.

El 15 de julio del año pasado, Physician Correctional demandó al gobierno de Jenniffer González para impedir la cancelación del acuerdo, que considera “arbitraria e ilegal”, al alegar que la movida responde a “discrimen político” por el apoyo de su principal ejecutivo Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista. En el caso, la empresa aportó prueba sobre la afiliación política de su presidente, Raúl Villalobos, y su apoyo al exgobernador. Physician Correctional es cliente de la firma de cabildeo Politank, que perteneció, hasta diciembre de 2024, al hoy exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech.

A más de un año de la notificación de la cancelación, el gobierno se encuentra evaluando posibles sustitutos. “Hoy no sabemos qué va a pasar. La salud correccional no puede estar sujeta a los caprichos o a promesas de campaña o a las venganzas personales o a las agendas particulares o a los cabilderos o a nada que no sea el asegurarnos de tener a la gente correcta prestando el servicio”, subrayó Rivera Schatz.

El desempeño de Physician Correctional comenzó a ser cuestionado desde el feminicidio de Ivette Joan Meléndez a manos de Hermes Ávila Vázquez, quien fue dejado en libertad mediante un pase de salud al fingir que no caminaba y, supuestamente, ser evaluado por un panel médico.

En un aparte con la prensa, el líder legislativo reconoció la magnitud de la tragedia que llevó a que se cuestionara a Physician Correctional como proveedor, pero afirmó que no es correcto que la excarcelación de Ávila Vázquez haya sido responsabilidad única de la empresa. Asimismo, agregó que no ha escuchado quejas de la población penal sobre los servicios y que, por el contrario, ha visto estudios que demuestran que los confinados están “contentos” con “la inmensa mayoría” de los ofrecimientos.

Gómez Gómez fue designada al cargo tras la renuncia de Francisco A. Quiñones Rivera, contra quien pesan cinco querellas por acoso laboral y sexual.

Durante la vista pública, Gómez Gómez presentó su plan de trabajo que, explicó, está orientado en la rehabilitación moral y social de los confinados, así como en su reincorporación efectiva en la sociedad.

La primera fase, que debe estar completada para diciembre, incluye una radiografía de la agencia para conocer su situación actual y validar que los servicios son adecuados. Dicho análisis incluye una revisión de los planes de alimentación, así como de mantenimiento a la infraestructura.

Completado ese paso, el próximo año el enfoque estará, entre otras cosas, en reforzar los protocolos operacionales dentro de las instituciones y modernizar los procesos internos dirigidos a promover un ambiente de eficiencia, calidad y maximización de recursos.

“En el plano rehabilitativo, orientaremos los programas del Departamento hacia la transformación real de la persona privada de libertad, de modo que la oferta de servicios responda a las necesidades concretas de quien los recibe y no a un mero cumplimiento formal”, señaló.

Actualmente, el DCR sirve a una población de 7,216 adultos privados de libertad y a 69 menores transgresores. Mientras, la agencia cuenta con 5,329 empleados activos. De estos, 4,038 pertenecen al cuerpo de custodia y seguridad, y 1,291 son trabajadores civiles.

Una tercera y última fase estaría dirigida a establecer métricas, de manera que las decisiones descansen en información y no en impresiones. En esa línea, la secretaria se comprometió a mantener un proceso de rendición de cuentas sobre el estado de las instituciones y el progreso de las labores rehabilitativas.

A preguntas de senadores, Gómez Gómez no pudo precisar qué porción del presupuesto de $461 millones de la agencia se asigna a los programas educativos. Tampoco pudo certificar que la cifra que le adeudan a los oficiales de custodia en pagos retroactivos por concepto de la Ley Especial de Salario Base para los Oficiales Correccionales (Ley 91-2022) sea de $112 millones.