El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, informó este viernes que la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en dicho cuerpo evalúa presentar enmiendas a la recién aprobada Ley 82-2026 –que limita las impugnaciones de permisos– para, entre otras cosas, eximir a los municipios del pago de la fianza del 10% cuando sean estos quienes soliciten paralizar obras.

“Obviamente, creemos que es una buena legislación de avanzada. Aun siendo convertida en ley, dentro de la propuesta (de reforma) de permisos que se está dando ahora mismo, cabe mejoría. Porque tienes una propuesta de permisos que, en dos semanas aproximadamente, va a salir de parte del Senado, y ahí nos dimos cuenta de que, en la propuesta de (Jorge) ‘Georgie’ Navarro, que ahora es ley, pudieran, entonces, incorporarse unas enmiendas a tono con lo que se va a presentar en la propuesta de permisos grande”, explicó Ríos a El Nuevo Día.

Una de las enmiendas en evaluación va dirigida a aclarar que los ayuntamientos que soliciten paralizar obras no tendrán que pagar la fianza equivalente al 10% de la totalidad del proyecto, indicó el senador. Precisamente, como parte de la evaluación de los proyectos de ley para reformar el sistema de permisos, el Municipio de San Juan solicitó el jueves que se exima a los ayuntamientos del pago de la fianza.

Por otro lado, Ríos anticipó que evalúan enmendar el porcentaje de fianza. La nueva ley establece que toda solicitud de paralización de permisos “requerirá el pago de fianza, cuya cantidad nunca será menor del 10% del valor del proyecto propuesto, según surja de cualquier autorización del desarrollo emitida por la agenda competente”.

“Si tú quieres detener una obra ya con permisos, ahí es que va la fianza. Y, entonces, la discusión es si el 10% es mucho, es poco o si se debe discriminar que, si es de $1 millón en adelante, el porcentaje sea mucho menos o una cantidad fija. Porque, si tienes un proyecto de $300 millones, que existen, y de momento le metes un 10% (de fianza), estamos hablando de una cantidad bien considerable, aun en fianza. Por lo tanto, estamos mirando eso para que sea más asequible”, abundó.

La gobernadora Jenniffer González opinó el jueves que el estatuto no va “en detrimento de la gente”. Añadió que el requisito de una fianza equivalente al 10% de la totalidad del proyecto propuesto para toda solicitud es solo una “forma de delimitar el monto”.

Consultada este viernes sobre las posibles enmiendas, González indicó a este diario: “No voy a opinar sobre intenciones legislativas nuevas, yo evalúo cuando me lleguen aquí”.

Por su parte, el representante Navarro indicó que favorece las enmiendas que el Senado se propone presentar a la ley de su coautoría.

Ríos comentó, en tanto, que la intención no es “sustituir en totalidad” la nueva ley, sino clarificar lo dispuesto ante la oposición pública que ha levantado, incluyendo entre organizaciones ambientales que denuncian que el estatuto coarta la capacidad de que cualquier persona pueda defender los recursos naturales en los tribunales. El senador señaló que la ley “es para proyectos que son de desarrollo económico”.

“Queda a la interpretación de que, si tengo un edificio y al lado mío quieren hacer otro edificio, y es una variación y no estoy de acuerdo, yo tengo que prestar la fianza para pararlo. Pues, eso no necesariamente es así. Así que, sabiendo la discusión que se está dando, reconociendo que viene una reforma de permisos adicional, queremos estar aún más claros. Primero, garantizando el acceso, que tengo entendido que no tiene; segundo, que lo que queremos detener son las protestas y los caprichos de aquellos que quieren parar proyectos por el mero hecho de pararlos y que terminan no prevaleciendo o terminan haciendo el proyecto no viable, que después de todo, es una persona que ya obtuvo los permisos”, aseveró.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.