El Senado investigará las alegaciones levantadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard en torno a la presunta comisión de delitos, intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y otras violaciones de ley por parte del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech; la subsecretaria de la Gobernación, Itza García; y otros funcionarios.

“En atención a la gravedad de las alegaciones, a la prueba documental que se aduce en su apoyo y al compromiso institucional de este cuerpo con la integridad gubernamental, se hace imprescindible activar los mecanismos investigativos del Senado para auscultar a profundidad los hechos denunciados, proteger el interés público y, de ser procedente, encausar los referidos que en derecho correspondan”, lee la Resolución del Senado 548, presentada este martes por su presidente, Thomas Rivera Schatz.

La legislación le ordena a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, también liderada por Rivera Schatz, comenzar la investigación, que deberá incluir, además de los señalamientos levantados por Negrón Reichard, el testimonio prestado por Domenech durante la Comisión Total del pasado 24 de marzo sobre su relación con la firma de cabildeo Politank, que le perteneció hasta diciembre de 2024.

Entonces, Domenech se desvinculó del trabajo de cabildeo que Politank realiza en el gobierno, y aseguró que había establecido mecanismos para inhibirse de la evaluación de los contratos que involucren a clientes de la firma, pero reconoció, en ese momento, que dicho trámite no constaba en un memorando, carta o documento.

Parte de las denuncias de Negrón Reichard, sin embargo, apuntan a que Domenech habría gestionado un decreto vinculado a un proyecto activamente representado por Politank, “no obstante haber declarado bajo juramento ante la Comisión Total del Senado haber vendido dicha firma y que no intervenía en asunto alguno relacionado con ella”.

“La querella afirma que se aporta prueba documental, incluyendo comunicaciones electrónicas, del seguimiento que Politank daba a dicho trámite. Todos asuntos que recaen de lleno dentro del interés institucional y de la facultad investigativa de este cuerpo”, añade la resolución.

Según Negrón Reichard, Domenech supuestamente intervino por la concesión de varios decretos contributivos que le interesaban, incluyendo el solicitado por los desarrolladores del proyecto residencial y turístico Opus Miramar, “que estaba siendo activamente representado y gestionado por la firma Politank”.

“De confirmarse, la evidencia recibida podría revelar un esquema de conducta ilegal mediante el cual ambos funcionarios se asistirían mutuamente en gestiones en las que el otro tuviese un interés económico”, establece la resolución, en referencia a los señalamientos contra García, quien supuestamente habría “insistido” en la contratación de su pareja, Luis Sánchez.

Pese a que las implicaciones en la Legislatura aún están por verse, senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) coincidieron este martes en que los señalamientos levantados por Negrón Reichard son serios y deben investigarse exhaustivamente.

“Hay muchas preguntas que hacer y respuestas que dar ante lo que se ha señalado, que no son señalamientos livianos, sino que me preocupan, porque nosotros buscamos la transparencia y que todo se haga en ley y orden. Lo que ha salido, a mí, me crea desconfianza y no me huele bien”, apuntó el portavoz alterno Juan Oscar Morales.

Pese a que, en la querella sometida ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Negrón Reichard solicita que se investigue a Domenech, las denuncias salpican a la gobernadora Jenniffer González; al ex secretario auxiliar de la OGPe Norberto Almodóvar; a Charlene Neumann, exjefa de Personal de la OGPe; a Lourdes Gómez, secretaria de Justicia; y a Roberto Lefranc Fortuño, subsecretario del DDEC.

A juicio de Morales, el primer paso que deberían dar Domenech y “todos los implicados”, en aras de procurar la transparencia, es entregar sus teléfonos celulares y computadoras para que sean sometidos a un análisis forense y determinar la proveniencia de unos mensajes revelados por Negrón Reichard.

“Tenemos que, con evidencia, determinar si Francisco Domenech nos dijo la verdad, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, que nadie lo dude. Aquellos que decían que el Senado pregunta por preguntar, el Senado, cuando hace algún requerimiento, lo hace porque tenemos información”, señaló Morales. “Aquí, no podemos salir corriendo a decir que hay actos de corrupción, pero, con evidencia, podemos determinar si ocurrieron”, apuntó.

De forma similar, se expresó el senador Ángel Toledo. “Aquí, no se ha establecido una violación; sí, hay unas alegaciones de un funcionario de gobierno (Negrón Reichard), a quien yo tengo que decir que yo respeto mucho. Claramente, la gobernadora también (lo aprecia) porque (en su momento) lo dijo públicamente, con relación a sus ejecutorias en el DDEC”, mencionó.

Según Toledo, los nuevos datos amplían el alcance de la investigación de la Opfei. Dijo, asimismo, que las denuncias colocan a Domenech en una posición “complicada” de responder a unas alegaciones que, de ser ciertas, “es una posición en la que no quisiera estar”. “Ese es el cuadro que tenemos. No estoy haciendo señalamiento alguno, pero es una posición muy difícil para él y, obviamente, para la gobernadora”.

Por su parte, la senadora Roxanna Soto Aguilú cuestionó –en cuestión de forma– la validez legal y motivación del escrito presentado por Negrón Reichard, señalando que carece de juramentación y llega tardíamente tras su salida del DDEC. Reconoció, sin embargo, que el asunto “lacera la reputación y la imagen del gobierno en general”, pero “no es un daño irreparable”.

“Es un daño momentáneo y los daños momentáneos en la política son profundos, no los estoy minimizando, pero entiendo que la situación se va a atender”, expresó.

Soto Aguilú cuestionó por qué Negrón Reichard esperó 22 días tras dejar su cargo para presentar el documento, señalando que haberlo hecho durante sus funciones ministeriales le habría otorgado mayor seriedad al asunto. Asimismo, puso en duda las motivaciones detrás del escrito, y criticó que la información no fue referida también al Departamento de Justicia y que, “al día de hoy”, Negrón Reichard no haya “dado cara”.

“Teniendo conocimiento directo o no teniendo, calló y esperó a renunciar y levantarlas. Eso sí deja un mal sabor”, agregó.

El Nuevo Día intentó obtener expresiones del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, así como de otros seis legisladores del PNP, pero no fue posible.