La mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado aprobó este lunes –por la vía de descargue– una legislación presentada por el presidente Thomas Rivera Schatz a petición de la Federación de Alcaldes que, entre otras cosas, permitiría a los ejecutivos municipales reclamar ante sus respectivas legislaturas un alza salarial.

Asimismo, el Proyecto del Senado (PS) 777 concede a los alcaldes la facultad de asignar contratos de servicios técnicos y especializados en tecnología, amplía los poderes de los municipios para adquirir o expropiar propiedades declaradas estorbo público y elimina requisitos de consultas previas ante la Junta de Planificación para ciertas adquisiciones y ventas municipales.

La legislación –aprobada con 17 votos a favor y ocho en contra– también redefine la estructura y funciones del auditor interno, permite el destaque de empleados municipales en empresas o corporaciones municipales, y dispone que las peticiones de expropiación de los ayuntamientos sean atendidas por el tribunal en un “término jurisdiccional de 48 horas”.

El PS 777, que enmienda el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020), recoge las mismas disposiciones incluidas en el PS 615, vetado en agosto por la gobernadora Jenniffer González porque, según portavoces de la industria de telecomunicaciones, hubiese tenido el efecto de añadir un impuesto a los teléfonos celulares.

Es precisamente el tema de los canales de voz -que resultó ser la manzana de la discordia durante la consideración del PS 615- la única disposición que quedó fuera de esta nueva versión, precisó Rivera Schatz, quien negó nuevamente que el lenguaje incluido en el proyecto previo se tradujera en un gravamen.

“Lo que se proponía entonces era que se pudiera fiscalizar efectivamente a las agencias de telecomunicaciones. No se proponía un impuesto”, afirmó el líder senatorial.

“No estamos ni inventando la rueda ni dándole privilegios a nadie ni burlando procedimientos para quitar la propiedad privada”, argumentó Rivera Schatz.

El PS 615, según aprobado en el Senado, propone un nuevo esquema para aumentar el sueldo de los alcaldes y alcaldesas que colocaría en manos de los miembros de las legislaturas municipales dicha determinación.

Actualmente, los salarios de los ejecutivos municipales están sujetos a unas escalas. Por ejemplo, un alcalde de un municipio cuya población fluctúa entre los 35,000 y 45,000 habitantes recibe una paga de $6,000 mensuales. Mientras, el de un pueblo con más de 300,000 residentes recibe una compensación que alcanza los $9,500 al mes.

Sin embargo, hay alcaldes con salarios mayores al dispuesto en las escalas, ya que previo al establecimiento de ese sistema, la concesión salarial recaía, precisamente, en las legislaturas municipales.

El proyecto de ley define 10 criterios de productividad que tienen que considerarse para conceder cualquier alza salarial al alcalde o alcaldesa. Entre estos, está la situación fiscal del municipio, según recogida en el informe de auditoría o single audit más reciente; la población y el aumento en los servicios a la comunidad, la complejidad de las funciones y responsabilidades, el costo de vida y la habilidad del alcalde para atraer capital y desarrollo económico a su pueblo.

El proyecto prohíbe aprobar una revisión de sueldo dos meses antes y dos meses después de las elecciones generales.

El exalcalde de Comerío y senador del Partido Popular Democrático (PPD), Josian Santiago Rivera, quien había votado a favor del PS 615, en esta ocasión se expresó en contra de la legislación porque, a su juicio, no atiende la crisis fiscal de gran parte de los municipios, al punto que cree que algunos pudieran quedar inoperantes.

“No se atiende la situación fiscal, no se habla de la delegación de competencias acompañadas de recursos y hay, por el contrario, algunas propuestas que, ciertamente, van a generar mucha suspicacia y va a complicar las luchas que tienen los municipios en el foro público”, argumentó Santiago Rivera.

“Con dolor en el alma, aun cuando soy municipalista, no hay forma de darle prioridad a temas como estos cuando los retos que tienen los municipos hay que atenderlos”, expuso.

El exalcalde de Comerío agregó que los asuntos municipales deben atenderse mediante propuestas enfocadas en el financiamiento de las operaciones municipales y la prestación de servicios esenciales. “Nada de eso toca este proyecto... No van a los problemas que enfrentan los gobiernos municipales“, subrayó.

En aquel entonces, además, de Santiago Rivera, votaron a favor del PS 615 los demás miembros de la delegación de PPD, con excepción de José Luis Dalmau.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, destacó, de otra parte, que la medida elimina, “para todo efecto práctico”, la clasificación de suelo rústico especialmente protegido, que corresponde a terrenos que, por su valor natural, tienen que ser resguardados de la huella urbana, denunció.

”Este proyecto, de una manera absolutamente escandalosa, va por encima del Plan de Uso (de Terrenos), de los planes de ordenamiento territorial y del sentido común diciendo que un terreno de valor ecológico deja de serlo en el momento en que un municipio dice: ‘allí yo quiero construir’“, expuso Santiago.

“La eliminación de la clasificación de suelo rústico especialmente protegido tiene que ser lo que más indignación cause”, subrayó la legisladora pipiola.