A pesar de la oposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el senador novoprogresista Gregorio Matías afirmó que no claudicará en su esfuerzo por lograr un “retiro incentivado” para un sector de empleados públicos esenciales no cobijados por la anulada Ley 80-2020.

“No podemos claudicar ante la junta de control fiscal y tenemos que poner por encima de cualquier aspecto negativo la lucha por los servidores públicos”, dijo a El Nuevo Día el también portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado.

Mediante carta enviada a Matías el 13 de junio, la JSF consignó que el Proyecto del Senado 127, de la autoría del legislador, violenta el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central, la ley Promesa y el plan fiscal certificado.

La JSF sostuvo, en la misiva, que el proyecto es “inconsistente” con el plan fiscal aprobado y certificado, “porque aumenta los gastos mediante beneficios de pensiones acelerados adicionales sin compensar esos costos con aumento de ingresos o recortes de gastos”.

Asimismo, el ente arguyó que, de aprobarse la legislación, sería “fiscalmente irresponsable”, obstaculizaría la recuperación financiera de Puerto Rico y llevaría al país de vuelta a las prácticas de gasto que desembocaron en su quiebra y la promulgación de Promesa.

“La contestación es un paso más para que la Junta nos ofrezca alguna alternativa viable, porque no es justo que hombres y mujeres que dieron su vida por el servicio público ahora se vayan a retirar con el 26%”, replicó Matías, al sostener que la carta surgió en respuesta a una primera comunicación enviada al ente para conocer, precisamente, su posición frente a la propuesta.

La legislación, en síntesis, propone establecer un programa de retiro incentivado bajo condiciones similares a las que finalmente lograron los empleados públicos esenciales que se retiraron bajo una estipulación acordada entre la JSF y el gobierno en torno a la Ley 80-2020, declarada nula, en mayo de 2022, por el Tribunal Federal.

Ese grupo de empleados, estimado en 1,130, recibió una pensión correspondiente al 50% de su salario, $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de las vacaciones acumuladas.

“Hay que entender que a estos compañeros que quedaron fuera... les cortaron su aspiración de un retiro digno y lo que les estamos buscando (son) alternativas. No vamos a claudicar. El gobierno y el equipo de la gobernadora Jenniffer González se ha unido a esta lucha y vamos a seguir presentando propuestas”, aseveró el senador y también expolicía.

“¿Resignarnos a que los servidores públicos se van a retirar con la indigna pensión de un 26%? No lo vamos a hacer”, subrayó Matías, quien no descartó acudir a los tribunales para retar a la JSF, de ser necesario. “Para mí, es inaceptable que la Junta me diga ‘esto está trancao’ y que no podemos hacer nada”, agregó.

La medida ya ha sido considerada en dos vistas públicas, según el registro de trámite legislativo del Senado. Son coautores del proyecto la senadora por el distrito de Carolina, Marissa Jiménez, y el independiente Eliezer Molina.