El Senado concedió un plazo de 48 horas a la administración de Jenniffer González para que, por conducto de su equipo fiscal, entregue evidencia que valide la supuesta reducción de $904 millones en contrataciones gubernamentales anunciada por el Ejecutivo.

La Petición de Información 2026-0046, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue aprobada a viva voz este jueves durante el inicio de los trabajos legislativos en sesión a la 1:00 p.m.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Departamento de Hacienda deberán presentar ante el Senado un desglose de las partidas por concepto de gastos por servicios profesionales de los años fiscales 2024, 2025 y 2026.

Junto a esa información, el componente fiscal deberá presentar una comparación de lo desembolsado por servicios profesionales en esos tres años fiscales, en cuáles ofrecimientos (contabilidad, tecnología, entre otras) se efectuó el recorte de $904 millones y qué departamentos u oficinas se impactan con dichos ahorros.

La solicitud culmina con la petición de un desglose, por agencia y por contrato, de cada uno de los ahorros y recortes que se han realizado durante estos 15 meses. “La información deberá ser presentada ante la Secretaría del Senado”, lee el documento.

El martes, horas antes de la cita del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante la Comisión Total del Senado, el comité de campaña de González publicó un anuncio en los rotativos del país sobre supuestos ahorros en contrataciones gubernamentales por $904 millones en un período de 15 meses.

La merma, según el anuncio pagado por el Comité Jenniffer González, es resultado de la implementación de procesos más competitivos y transparentes, y de reducciones en los costos por hora y en los topes de los contratos.

Este es el tercer requerimiento del presidente del Senado al Ejecutivo en un período de dos semanas. El 12 de marzo, el cuerpo legislativo dio paso a la petición 2026-0036, dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, en la que le requirió responder si el abogado y exsecretario de Justicia Antonio Sagardía –contratista del gobierno– había cumplido con su responsabilidad tributaria, incluyendo los pagos realizados, si alguno, a empleados o por servicios prestados (contratistas independientes).

Ese mismo día, el Senado también aprobó la petición de información 2026-0035, dirigida, en este caso, a los titulares de los departamentos de Educación, de la Familia y Hacienda, así como a los jefes de las autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y para las Alianzas Público Privadas (AAPP). A todos, se les solicitó copia de los contratos profesionales que mantienen con Sagardía. La petición incluía, además, la copia de todas las facturas sometidas y aprobadas como parte del contrato de servicios profesionales.

De esos requerimientos, sigue pendiente la entrega de la información contenida en la petición 2023-0036. Según una orden judicial, Hacienda tiene hasta hoy, jueves, para entregar los documentos. Al momento de esta publicación, dicho trámite no se había completado, confirmó El Nuevo Día.

Los requerimientos del 12 de marzo surgieron luego que el exsecretario de Justicia defendió públicamente a la ahora extitular de la Vivienda Ciary Pérez Peña durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones de Rivera Schatz en las que el líder senatorial cuestionó el manejo de la administración de González a los señalamientos levantados contra la exsecretaria por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección, en Yabucoa, del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.