Tras más de una hora de discusión en el hemiciclo, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado solicitó este martes el retiro de una resolución legislativa en rechazo al indulto presidencial otorgado a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción en la esfera federal, luego que la propuesta recibiera múltiples enmiendas que ampliaban su aplicación.

“Hay consenso en el país de que ha caído muy mal el indulto y el mecanismo constitucional para expresar a las y los puertorriqueños es la Asamblea Legislativa. Simplemente es eso, una expresión a nombre de todas las personas que están allá afuera”, argumentó el senador del PIP, Adrián González, previo a solicitar el retiro de la medida.

La Resolución Concurrente del Senado 17 –atendida por descargue– calificaba el perdón otorgado por el presidente Donald Trump como “una nueva y escandalosa imposición del dominio de los Estados Unidos sobre el pueblo de Puerto Rico”, que permite la “impunidad” de Vázquez Garced. Asimismo, según el PIP, enviaba el “muy peligroso mensaje de que una persona puede considerarse estar por encima de la ley dependiendo de las conexiones que tenga”.

No obstante, como parte de la discusión, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó múltiples enmiendas a través de las cuales dijo que los indultos presidenciales “han sido objeto de debate y consternación en la isla desde 2017” con la conmutación de la sentencia del preso político Oscar López Rivera. Asimismo, hizo referencia a los hechos por los cuales López Rivera pasó más de tres décadas tras las rejas.

“El perdón presidencial a la señora Vázquez Garced es uno más en la lista de conmutaciones, encabezada por la de López Rivera, que han puesto en entredicho la ejecutabilidad de las leyes y, a la vez, eliminan, de un golpe y porrazo, la ardua labor que los agentes de orden público y la fiscalía realizan”, leía parte de la enmienda presentada por Rivera Schatz.

Tras la aprobación de las enmiendas por la mayoría, el PIP solicitó el retiro de la resolución.

Como parte del debate, la senadora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista (PNP), tildó la legislación de “politiquera” y “de encargo”.

Dijo que, como abogada, no podía “condenar” la acción del presidente de Estados Unidos, ya que, a nivel local, ha solicitado clemencias ejecutivas para clientes suyos, que fueron concedidas por exgobernadores. “Estaríamos criminalizando doblemente con un discurso político a la gente. Lo que no me gusta es la selectividad”, afirmó.

Al consignar su voto en contra de la resolución, varios miembros del PNP alegaron “inconsistencia” de parte del PIP por no cuestionar cuando el expresidente Barack Obama conmutó la sentencia de López Rivera.

Entonces, el exgobernador Ricardo Rosselló escribió a Obama para respaldar la petición de clemencia para López Rivera, recordó el PIP. “Sobre la compasión de Ricardo Rosselló, allá él. Otra equivocación más en la historia política de Ricardo Rosselló”, ripostó Rivera Schatz.

“Las veces que hemos tenido que ir contra de funcionarios del PNP lo hemos hecho”, agregó el líder senatorial, al sostener la clemencia concedida a Vázquez Garced es “censurable”, al igual que la otorgada a López Rivera.

Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca.

Los indultos se consiguieron después de las gestiones, ante el Departamento de Justicia federal, del licenciado Christopher Kise, abogado de Herrera Velutini y quien fue abogado de Trump. Tienen, además, como trasfondo los informes de que la hija del banquero, Isabela Herrera, donó $3.5 millones al comité de acción político de Trump, MAGA Inc., en los últimos 13 meses.