El FBI acusó a seis personas, incluyendo a la exsecretaria de Educació, por corrupción gubernamental. Conoce los detalles del supuesto esquema.

La Fiscalía Federal en Puerto Rico detalló hoy, miércoles, cómo se desarrollaron tres esquemas de fraude, robo y lavado de dinero en el Departamento de Educación (DE) y la Administración de Seguros de Salud (ASES), que desembocaron en la acusación de un gran jurado federal contra exfuncionarios de la actual administración gubernamental, así como contratistas y subcontratistas. 

Los acusados son Julia Beatrice Keleher, exsecretaria de Educación; Ángela Ávila Marrero, exdirectora ejecutiva de ASES; Alberto Velázquez Piñol, presidente de la compañía Azur, LLC; Fernando Scherrer Caillet, socio administrador de la empresa BDO Puerto Rico; y las hermanas Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza, la primera ayudante especial de Keleher y la segunda, codueña de la firma Colón & Ponce Inc.

La acusación presentada el martes por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, incluye 32 cargos y los esquemas, según la Fiscalía federal, ocurrieron de la siguiente manera: 

Primer esquema - Keleher y las hermanas Ponce Mendoza

El primer esquema descrito por las autoridades federales ocurrió entre Keleher y las hermanas Ponce Mendoza, ambas identificadas como amigas de Keleher.

La conspiración presuntamente tuvo como propósito otorgarle un contrato a la firma Colón & Ponce, la compañía de Mayra Ponce Mendoza y Olga Colón. Entre otros servicios, Colón & Ponce, Inc. ofrecía "asistencia técnica al personal del DE en la implantación, administración y seguimiento adecuado relacionado a la gerencia de proyectos sufragados con fondos federales".

De acuerdo a las alegaciones, aunque se utilizó un requerimiento de propuestas (RFP, en inglés) para la otorgación del contrato, el resultado del acuerdo estaba predeterminado, porque presuntamente Keleher obligó a los empleados desde el principio a otorgárselo a Colón, “a pesar de que nadie en la Oficina de Asuntos Federales de Educación había solicitado estos servicios”, explicó la jefa de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, en rueda de prensa este miércoles.

“Este contrato supuestamente era para ofrecer servicios de consultoría”, añadió. 

De acuerdo a la acusación, Glenda utilizó su posición de ayudante especial de Keleher para proveerle información interna a su hermana Mayra y así facilitarle la preparación de la propuesta, dándole una ventaja indebida sobre las demás compañías que participaron en la licitación para el contrato. 

La ayudante especial de Keleher envió la propuesta a una persona que trabajaba en la compañía Keleher and Associates, la firma que fundó la extitular de Educación y que dirigió hasta justo antes de convertirse en secretaria, para que la persona ayudara enmendar la propuesta de la firma Colón & Ponce. 

“Esta persona le indicó Glenda que debía añadir su experiencia de trabajo en Colón & Ponce sin revelar su identidad, o sea, que era hermana de Mayra”, explicó Rodríguez, sin revelar el nombre de la persona que recibió la propuesta. 

“Esto facilitó que pudiera someter dicha propuesta, pero aun así se entregó dos días después de la fecha límite”, dijo la fiscal federal. 

De acuerdo a la acusación, funcionarios del DE determinaron que Colón & Ponce no estaba cualificada para dar los servicios requeridos en el contrato, pero “Keleher presionó para que otorgaran el mismo a Colón & Ponce”

El contrato pagado con fondos federales fue de $43,500, aunque luego se enmendó y ascendió a $95,000. Alegadamente hubo otro intento de aumentar la cuantía en agosto de 2017, esta vez a $450,000, pero no se logró. 

En la acusación salió a relucir que el salario de una de las asistentes de Keleher se pagaba con los fondos del contrato de Colon & Ponce, a pesar de que esta persona no tenía nada que ver con la compañía. El Nuevo Día confirmó que se trata de Marie Estela Cestero, quien fue directora de campaña del excandidato a la gobernación Manuel Cidre. 

La Fiscalía federal detalló que, en el segundo y tercer esquema, la exsecretaria de Educación y la exdirectora ejecutiva de ASES, le daba acceso a las oficinas, información y operaciones gubernamentales a individuos que no eran ni empelados ni contratistas del gobierno. 

“Eso les permitía utilizar propiedad e información del gobierno para su beneficio personal”, sostuvo la fiscal federal. 

Además, tanto Keleher como Ávila Marrero presuntamente permitían a individuos dar órdenes ajefes de departamentos y agencias gubernamentales, utilizaban cuentas de correo electrónicos personales para llevar a cabo trabajos del gobierno y le ordenaron a sus empleados abrir cuentas personales para llevar a cabo actos oficiales. También utilizaron aplicaciones como Telegram, que permite autodestruir mensajes, para llevar a cabo gestiones gubernamentales. 

Segundo esquema - Keleher, Velázquez Piñol y Scherrer

La Fiscalía federal afirmó que en esta conspiración para robar y desviar fondos del gobierno figuran de acuerdo a la evidencia Keleher, Velazquez Piñol y Scherrer-Caillet. 

Según la acusación, la empresa BDO Puerto Rico utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos con un valor en exceso de $13 millones en el DE, pagados con fondos federales. 

“Los contratos contenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación de servicios y el pago de cabilderos. BDO incunplió con ambas clausulas”, detalló Rodríguez. Esta violación aplicaría tanto al esquema de fraude y lavado de dinero en Educación como en ASES.

En particular, a cambio de las gestiones que hizo Velázquez Piñol con Keleher para obtener los contratos, BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de un 10% del valor de los contratos. Por esa gestión, presuntamente Velázquez Piñol recibió $219,059. 

Además, a finales de diciembre de 2017, cuando culminó el contrato de Colon & Ponce con el DE, Keleher presuntamente exigió a BDO contratar a su asistente especial (Marie Estela), que estaba siendo pagada por la primera compañía mencionada. “BDO le pagó sobre $45,000 en salario entre enero y julio de 2018, indica la acusación, que identificó a la ayudante especial como el “individuo E”. 

De acuerdo a la investigación, en febrero de 2017 Keleher utilizó su teléfono personal para tomar una fotografía a una comunicación interna del DE y envió dicha imagen al correo electrónico de Velazquez Piñol. 

Tanto Keleher como Glenda Ponce Mendoza y una funcionaria del DE identificada como “persona B”, presuntamente le enviaron información de la agencia a Velázquez Piñol utilizando correos electrónicos personales para facilitar a BDO la preparación de las propuestas de contratación y enmiendas subsiguientes y así aumentar las cantidades a facturarse en los contratos. 

Tercer esquema - BDO, "Compañía C", Velázquez Piñol y Ángela Ávila

En este esquema la Fiscalía Federal también sostiene que BDO Puerto Rico utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Ávila Marrero parasometer propuestas y obtener contratos con unvalor en exceso de $2.5 millones en ASES, pagados con fondos federales.

En este caso, Velázquez Piñol también obtuvo comisiones de un 10% del valor de sus ingresos por contrato, por $710,000.

‘Tan pronto Ávila Marrero fue nombrada como directora interina de ASES comenzó a buscar la forma de favorecer y promover a personas y compañías que gozaban de la confianza de la nueva administración”, apuntó González. 

La acusación sostiene que el 16 de enero de 2017, Ávila Marrero obtuvo copia de los contratos que las compañías descritas como A y B tenían con ASES y las envió a Velázquez Piñol por correo electrónico. 

Dos días después, el 18 de enero de 2017, Velázquez Piñol le envió copia del contrato de la compañía A presuntamente al pesidente de la "compañía C" -una segunda compañía en cuestión- y en un correo electrónico escribió:

“Este es el contrato que vamos a reemplazar. Cuando lo revises, hablamos”. 

Luego, el 23 de enero de 2017, la "compañía C" le envió a Velázquez Piñol $5,000. Al día siguiente, Velázquez Piñol envió al correo personal de Ávila Marrero la propuesta de contrato de la “compañía C”. Cuando se le preguntó a Rodríguez sobre dicha compañía, la fiscal federal sostuvo que "por eso decimos que la investigación continúa". 

Ese mismo día, Scherrer-Caillet le envió a Velázquez Piñol un modelo de negocios con dos opciones para el pago de comisiones en relación al contrato de BDO Puerto Rico. El 24 de enero de 2017 el socio administrador de BDO envió a Velázquez Piñol y al correo electrónico personal de Ávila Marrero su propuesta de contrato. 

Ávila Marrero canceló los contratos de las compañías A y B y el 25 de enero se reunió con la junta de director de ASES y presentó la propuesta de contrato de BDO Puerto Rico y de la "compañía C", ambos ratificados por dicha junta el 1 de marzo de 2017.

La Fiscalía federal indicó que contra Scherrer-Calliet y Velázquez Piñol pesan siete cargos por lavado de dinero, por presuntamente utilizar las ganancias para recibir y realizar transacciones monetarias y utilizar instituciones financieras para esconder las ganancias producto de estas actividades ilícitas.


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