Una ley federal prohibirá las peleas de gallo a partir del 20 de diciembre próximo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y el sector privado tienen esperanzas aún de que el Congreso apruebe una moratoria en la implantación de la ley que declara ilegal, a partir de la próxima Navidad, la industria de las peleas de gallos en Puerto Rico.

En ese sentido, advirtieron al gobierno federal que el lenguaje que ordena poner fin a las peleas de gallos en Puerto Rico y los demás territorios -efectivo el 20 de diciembre-, delega la supervisión del proceso en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pero no le provee fondos.

La comisionada dijo ayer que la falta de una asignación formal para poner en marcha esa prohibición puede abrir un espacio para promover una moratoria.

González, quien ha advertido que la prohibición llevará “una industria altamente regulada a la clandestinidad”, dio a conocer que envió cartas sobre este asunto a los departamentos de Agricultura y Justicia federal. En febrero, la comisionada sometió un proyecto que busca revertir la prohibición.

El gobierno de Puerto Rico sostiene que la industria de las peleas de gallos genera 27,000 empleos, 12,000 de ellos directos, y aporta $18 millones a la economía.

Jeohvanni Nieves, abogado de la Asociación Cultural y Recreativa del Gallo Fino de Pelea, que presentó una demanda, por violación de derechos constitucionales en el Tribunal Federal de San Juan, sostuvo que, junto al proceso legal que tienen en marcha, la estrategia de advertir que el Departamento de Agricultura federal no podrá frenar una industria clandestina de peleas de gallos puede resonar con fuerza.

En agosto pasado, el juez Gustavo Gelpí consolidó el caso de la Asociación Cultural y Recreativa del Gallo Fino de Pelea con otra del Círculo Gallístico.

El presidente de Pan American Grain, José González Freyre, ha tenido reuniones esta semana en el Congreso para promover la moratoria. “Es la segunda industria agrícola de Puerto Rico, de la cual dependen 30,000 familias”, dijo.


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