Tegucigalpa - Cuatro años después de haber sido extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresa este domingo a su país para enfrentarse a cargos de corrupción que, según temen sus abogados, darán lugar a un juicio farsa.

Hernández, a quien Estados Unidos consideró en su día un aliado en la guerra contra las drogas, gobernó Honduras entre 2014 y 2022, periodo durante el cual se jactó de que “les metería las drogas por la nariz a los gringos”, según los fiscales estadounidenses.

Su extradición, poco después de dejar el cargo, supuso una oportunidad única para que se hiciera justicia para los hondureños, que temían que su control sobre el sistema judicial del país nunca permitiera una condena en territorio hondureño.

Sin embargo, el antiguo líder, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos, fue puesto en libertad en diciembre, para sorpresa de muchos tanto en Estados Unidos como en Honduras, tras recibir un indulto presidencial del presidente estadounidense Donald Trump. Afirmó que Hernández no había tenido un juicio justo y que se trataba de una trampa orquestada por la administración de Joe Biden.

Hernández regresa ahora al país para responder a los cargos de corrupción, en medio de la preocupación de que la debilidad del sistema judicial y el regreso de su partido a la presidencia le garanticen la impunidad.

“Hay una mayoría social que está indignada, pero que no alza la voz por miedo”, afirmó Joaquín Mejía, abogado e investigador de la organización de derechos humanos Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. “Estamos hablando del jefe de todos los jefes del narcotráfico”.

Hernández, de 57 años, se enfrenta a cargos relacionados con un caso conocido como “Pandora I”, en el que se alega que una red de antiguos altos cargos, entre 2010 y 2013, participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por un total de más de 288 millones de lempiras (10.8 millones de dólares) a diversas fundaciones, según una investigación de la Unidad de la Fiscalía Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO) del país.

Según la UFERCO, Hernández se benefició de estos desembolsos, recibiendo al menos 62 millones de lempiras (2.3 millones de dólares) para su campaña política a través de diversos mecanismos, entre ellos la creación de sociedades ficticias, el uso de testaferros y contratos falsos.

Hernández ha afirmado que es inocente y que el caso “carece de fundamento jurídico”.

En junio, un juez suspendió la orden de detención y la notificación roja internacional emitida a Interpol a petición del abogado de Hernández, aunque el caso sigue pendiente. El expresidente ha aceptado comparecer ante el juez el 3 de agosto para que se le lean los cargos.

“Ha llegado el momento. Después de cuatro años, por fin puedo deciros que volveremos a vernos”, afirmó Hernández en un vídeo publicado en las redes sociales.

Desde su puesta en libertad en Estados Unidos, Hernández ha manifestado su intención de regresar a Honduras para reunirse con su esposa, Ana García, y sus hijos, cuyos visados para Estados Unidos están actualmente suspendidos.

Otros altos cargos implicados en el caso “Pandora I”, cuyos expedientes han sido archivados, dan una idea del probable desenlace para Hernández, según los expertos jurídicos.

“Todo apunta a que la suspensión será el primer paso”, afirmó Mejía. “Se presentará ante el tribunal, probablemente le impondrán medidas alternativas a la prisión para guardar las apariencias y, al final, saldrá indemne, sin ninguna sanción”.

Para Luis Javier Santos, el antiguo director de la UFERCO que investigó el caso contra Hernández, el regreso del antiguo líder supone un fracaso a la hora de juzgarlo por sus delitos, más que una oportunidad para que se haga justicia.

Santos fue destituido de su cargo en UFERCO en febrero, lo que, en su opinión, pone de manifiesto los intentos de frenar las investigaciones anticorrupción por parte del nuevo gobierno de Nasry Asfura, del Partido Nacional de Hernández, que asumió el poder en enero tras obtener el respaldo de Trump durante las elecciones.

“Hemos retrocedido hasta un punto aún peor que cuando se pusieron en marcha todas las medidas para combatir la corrupción”, afirmó Santos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.