El director de Aafaf, Omar Marrero. (GFR Media)

Aunque indicó que se trata de una duplicidad de esfuerzos, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, solicitó a todos los jefes de agencia remitir a esa oficina los contratos suscritos por el exgobernador Ricardo Rosselló justo antes de salir del cargo.

Marrero dijo a El Nuevo Día que hizo el pedido a sus homólogos en respuesta a la carta que envió la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, en aras de demostrar “el espíritu de colaboración” que debe prevalecer entre el gobierno puertorriqueño y agencias federales.

Pero acto seguido, Marrero explicó que gestionar el pedido supone una duplicidad de esfuerzos habida cuenta que las agencias están obligadas a remitir copia de tales acuerdos a la Oficina de la Contralora.

El pasado lunes, Jaresko escribió a Marrero, luego de que saliera a relucir que antes de abandonar La Fortaleza, Rosselló Nevares habría firmado contratos ascendentes a $80 millones, al tiempo que aprobó decenas de leyes, cuyo contenido apenas comienza a darse a conocer. Entre estas, figuran las leyes de datos abiertos y transparencia y aquella que supone el registro de varones de 18 años o más en el Servicio Selectivo tan pronto estos solicitan aprobación del gobierno para una licencia de conducir.

El pedido de la JSF en la carta del pasado lunes se circunscribe a los contratos otorgados, pero la ley federal Promesa requiere al gobierno notificar la aprobación de todos los estatutos por parte del gobierno territorial y su posible impacto financiero al erario.

“Cuando comienza un año fiscal es natural ver un incremento (en los contratos otorgados) porque es el principio de un año de operación”, dijo Marrero al explicar que durante este período se renuevan contratos existentes o se incurre en nuevos acuerdos como parte del programa de gastos aprobado para el ciclo administrativo que apenas comienza.

Marrero destacó que si los contratos fueron otorgados, estos debieron cumplir con el proceso de aprobación establecido, cosa que no pareció poner en duda. Esto, al indicar que, si bien el gobierno atravesó por un período inusual, los funcionarios a cargo de tales aprobaciones continuaron ejerciendo sus funciones.

Los procesos de disciplina fiscal adoptados por el gobierno luego de la certificación de planes fiscales por parte de la JSF establecen que todos los contratosmayores de $10,000 deben ser aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la secretaría de la Gobernación. La JSF, por su parte, corrobora que la otorgación de contratos se haya hecho conforme a leyes vigentes, pero no la conveniencia de estos acuerdos y si estos son resultado de un proceso de competencia.

Marrero indicó que luego de la destitución del exsecretario de Hacienda y director de OGP, Raúl Maldonado, por parte de Rosselló Nevares, su predecesor en la Aafaf -Christian Sobrino Vega- tomó la dirección de la OGP. Luego de la salida de Sobrino Vega, Iris Santos, tomó la dirección interina de la OGP. Sobrino Vega fue uno de los participantes del chat de Telegram que, junto a los escándalos de corrupción, contribuyeron a la renuncia forzada de Rosselló Nevares.

En tanto, Marrero sostuvo que Ricardo Llerandi permaneció en la secretaría de la Gobernación hasta el pasado 2 de agosto, cuando Rosselló Nevares dejó su cargo tras 12 días de protestas multitudinarias.

Marrero, recién llegado a la Aafaf, no pudo precisar cuántos contratos se otorgaron desde que Rosselló Nevares anunció su dimisión y esta se hizo efectiva, pero indicó que hizo un pedido de información para saber las fechas en que se dieron tales aprobaciones.

Agregó que, si bien diligenció el pedido a sus homólogos, entabló comunicación verbal con Jaresko y le cursó una carta para indicar que la forma más eficiente para atender el pedido sería que la JSF espere a que las agencias presenten los contratos a la Contraloría. Esto, porque las agencias tienen entre 15 y 30 días para presentar los contratos otorgados a esa agencia. En este caso, dicho período vencería a partir del próximo 17 de agosto.

Desde la renuncia de Sobrino Vega, el gobierno marca casi un mes sin un representante ante la JSF como requiere Promesa.

A preguntas de este diario, Marrero sostuvo que la gobernadora Wanda Vázquez Garced está al tanto de las cualificaciones y destrezas que debe tener el representante del gobierno ante el ente fiscal y señaló que la mandataria tiene el asunto entre sus prioridades y se expresará sobre ello oportunamente.


💬Ver 0 comentarios