Aunque la ley que viabiliza un plebiscito para noviembre próximo establece que la gobernadora Wanda Vázquez Garced es la representante oficial del gobierno de Puerto Rico ante Justicia federal, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, dijo hoy, lunes, que él entregará al ente federal toda la documentación y requisitos necesarios para tratar de acceder a los $2.5 millones que tiene reservados el Tesoro federal para una consulta de status en la isla.
“El rol de la gobernadora es que es la representante oficial ante Justicia. No obstante, el coordinador es este servidor y es el que tiene que presentar estos documentos”, apuntó el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.
“Cualquier comunicación con el gobierno federal tiene que ser publicada en un portal que la Comisión tiene que crear para ese fin. Por supuesto, que yo mantendré informada a la gobernadora de las gestiones que haga y al pueblo de Puerto Rico en general”, sostuvo Dávila Rivera.
La ley que viabiliza el plebiscito y que fue firmada este fin de semana establece que “la gobernadora será la principal representante oficial de Puerto Rico ante el secretario de Justicia de Estados Unidos y otras dependencias de la rama ejecutiva federal en lo concerniente a todo asunto relacionado con esta ley”.
Mientras que el presidente de la CEE será el coordinador de los procesos requeridos para intentar que el Departamento de Justicia de EE.UU. determine si la papeleta y la campaña educativa del ente electoral cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno estadounidense, como permite una ley federal de 2014.
Dávila Rivera precisó que, por ende, él deberá entregar a Justicia federal copia del borrador de la papeleta y otros documentos 30 días antes del evento.
“Ya comenzamos con todos los preparativos y la planificación de cara a este plebiscito. Entre las gestiones más inmediatas está el sorteo de las posiciones y la publicación de la proclama que tiene que ser 10 días luego de la aprobación de la ley”, precisó el presidente de la CEE.
Se mostró confiado en lograr que el gobierno federal le asigne los fondos para la consulta de status.
“Yo hará todas las gestiones que tenga a mi alcance -dentro del ordenamiento jurídico vigente- para que el Departamento de Justicia federal desembolse los $2.5 millones”, afirmó Dávila Rivera.
“Esto es un tema evidentemente con un matiz político en el que no entro. Creo que la clave aquí es que podamos presentarle todos los documentos… papeleta, reglamento del plebiscito, la ley habilitadora del plebiscito al secretario de Justicia”, agregó.
Reiteró que el plebiscito no requerirá más de $1 millón para el diseño y compra de papeleta. La CEE también debe pagar a la empresa Dominion por la programación -para cada papeleta- de las máquinas de escrutinio electoral.
