El hemiciclo del Senado de Puerto Rico. (GFR Media)

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El Senado concurrió esta tarde con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley que le extiende, hasta 30 días después de finalizada la emergencia provocada por COVID-19, a profesionales de la salud los límites de reclamaciones de impericia médica que aplican a sus colegas en el sector público.

El Proyecto del Senado 1575 fue aprobado a finales de abril en el Senado con cuatro votos en contra, cuatro abstenidos y cuatro ausentes. La pieza legislativa fue presentada por La Fortaleza también fue aprobada en Cámara.

El proyecto se distancia dramáticamente del texto de la Orden Ejecutiva 2020-36, con que se viabilizaba una inmunidad aplicable a hospitales privados, las facilidades médicas y el personal clínico que esté atendiendo pacientes sospechosos de ser positivos a la enfermedad COVID-19 u otras condiciones de salud durante el estado de emergencia por la epidemia en Puerto Rico.

La orden tenía, como efecto, que la ciudadanía no pudiera presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.

Sin embargo, el proyecto de ley finalmente redactado por La Fortaleza y aprobado por las cámaras legislativas fija topes de $75,000 por reclamaciones individuales y hasta $150,000 cuando existen varias causas de acción o varios demandantes. Estos topes entrarán en vigor cuando la reclamación sea a raíz de servicios dados en apoyo al gobierno y relacionados a la emergencia de Covid-19, que la emergencia haya sido decretada por el gobernador o la gobernadora, que el servicio “no se apartó de la mejor práctica de la profesión” y que medió la prestación de servicios de salud bajo el estándard de cuidado razonable.

Si bien el título de la medida dispone que la protección de los topes de reclamaciones por impericia serán aplicables durante cualquier declaración de emergencia, en el resto de la medida se indica que su aplicabilidad será retroactiva al 15 de marzo y dispone que su efecto tendrá vigencia durante 30 días después de que quede sin efecto la emergencia declarada solamente por COVID-19.


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