En la foto, el Centro Médico Correccional, en Bayamón. (GFR Media)

La empresa que administra el programa de salud a la población penal, Physician Correctional, otorgó una extensión de tres meses a 67 empleados cuyos contratos se cancelarían ayer, 30 de septiembre, ante el recorte de $14 millones a su presupuesto.

“La semana pasada seguimos insistiendo. Hemos estado abogando en favor de ellos y logramos que el secretario interino del Departamento de Corrección y Rehabilitación (Eduardo Rivera Juanatey) nos respaldara”, informó a El Nuevo Día el presidente de Physician Correctional, Raúl Villalobos.

La extensión es efectiva hasta el 31 de diciembre.

Según Villalobos, la ampliación del contrato minimiza el impacto que el recorte presupuestario supone para el programa de salud correccional y da oportunidad a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identifique los fondos necesarios.

A principios del mes pasado, la empresa anunció que estaría cancelando el contrato de 67 profesionales, en su mayoría psicólogos y trabajadores sociales. Otros contratos incluían técnicos psicosociales, terapistas recreativos y personal de administración. Entonces, Physician responsabilizó a la JSF por el recorte.

Villalobos dijo que continuarán con los esfuerzos para evitar que se afecten los servicios de salud y “confía en prevalecer” demostrando la necesidad de los fondos ante la JSF y OGP. Mientras tanto, indicó que el DCR identifica fondos de emergencia y otras fuentes de ingreso para sufragar los costos.

Physician Correctional fue contratada por el DCR en septiembre de 2018, por la cantidad de $54 millones para administrar el programa de salud correccional por un período de cinco años.


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