La fiscal Phoebe Isales, quien dirige la investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre la compra de un millón de pruebas de COVID-19 por $38 millones, advirtió hoy que, aunque la Legislatura tiene la potestad de otorgar inmunidad a una funcionaria en el contexto de una pesquisa sobre dicha transacción, eso no impide que la persona pueda cooperar con la pesquisa que realiza la agencia.