El 22% de los clientes de Uber utilizan el efectivo como método de pago. (AP)

El Departamento de Justicia consignó esta mañana su oposición a un proyecto de ley que busca prohibir el uso del efectivo como pago en sistemas de Redes de Transporte (ERT, por sus siglas en inglés) como Uber.

La agencia se expresó en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto de la Cámara 2206, de los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yashira Lebrón, Félix lassalle y José ‘Memo’ González. Un proyecto que busca ese mismo fin ha sido radicado por el senador penepé Miguel Laureano. 

Laureano, quien alega que con el proyecto que impulsa busca evitar que los conductores de Uber sean víctimas de robo al evitar que manejen grandes cantidades de dinero, le dio una vista pública a su medida, el Proyecto del Senado 1346, el 6 de septiembre. Sin embargo, no ha rendido un informe positivo.

En una ponencia firmada por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, la agencia planteó hoy que tanto el proyecto de Laureano como el P. de la C. 2206 parten de la premisa equivocada y sostiene que el robo de dinero es un asunto “puramente incidental” dentro del delito del carjacking. Según estadísticas de la Policía, un total de 14 conductores de Uber han sido víctimas de carjacking en lo que va de año.

“La prohibición a las ERT a cobrar en efectivo por sus servicios no tendrá el efecto deseado de proteger al conductor de ser víctima de carjacking”, lee la ponencia de Justicia.

De hecho, Justicia argumentó que, por un lado, en servicios como taxis, carros públicos, guaguas y autobuses hay una expectativa de que el chofer estará manejando efectivo. “Por otro lado, aun cuando los sistemas ERT están autorizados a cobrar efectivo por sus servicios… prevalece el pago mediante tarjetas de créditos”, lee la ponencia.

Según Uber, el 22% de sus clientes utilizan el efectivo como método de pago. 

“Bajo esas condiciones, no es razonable concluir que los conductores de ERT son blancos particularmente propensos a ser asaltados por razón de que transportan dinero en efectivo”, sostuvo Justicia al argumentar, también, que la prohibición al uso del efectivo choca con la cláusula de igual protección de las leyes de la Constitución de Puerto Rico al referirse a cómo las partes contratantes son las únicas que puede determinar la especie en que será pagada la deuda contraída al perfeccionarse un contrato.

En una entrevista con El Nuevo Día el 21 de septiembre, Laureano insistió en prohibir el uso de uso de efectivo como método de pago en este servicio. Días antes, Uber anunció que sus choferes podrán conocer el historial del cliente que ha solicitado sus servicios y podrán rechazar un viaje aser pagado en efectivo sin penalidad alguna, esto último haciendo un ajuste en su aplicación para que los choferes que no acepten efectivo no aparezcan como opciones de transporte para clientes que mantengan como método de pago el efectivo. 

Según Justicia, las medidas tomadas por Uber subsanan muchas de las preocupaciones consignadas en el P. de la C. 2206.

“El conductor puede elegir si acepta o no el viaje”, sostuvo Justicia.



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