Secretario de Estado, Elmer Román, Secretaria de Justicia, Denise Longo y el director del NIE, Héctor López. (GFR Media)

La Cámara de Representantes referirá a las autoridades de ley y orden al secretario de Estado, Elmer Román, a la secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López, por supuestamente haber cometido perjurio durante la investigación sobre la respuesta del gobierno a la crisis de los temblores del suroeste.

El referido contra Román será presentado ante el Departamento de Justicia, mientras que los señalamientos contra Longo Quiñones y López serán elevados a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

El presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien dirigió la investigación en la Cámara, estará radicando esta mañana un informe parcial de la pesquisa, que también será enviado a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental. Otros asuntos relacionados a la emergencia como el proceso de reparación de viviendas y la repartición de suministros en el Departamento de la Familia se atenderían luego, en caso de que la Legislatura sea convocada nuevamente.

Hoy culmina la última Sesión Ordinaria del cuatrienio.

En el caso de Román, la comisión le imputa mentir en una vista pública de la Cámara al proyectar falsamente información que tenía en su poder sobre las operaciones del gobierno y sobre el contenido del Informe de 48 horas preparado por el NIE ante el hallazgo el 18 de enero de un almacén con suministros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en Ponce. Este hallazgo le costó el puesto al excomisionado del NMEAD, Carlos Acevedo.

Descubrimos que Elmer Román nos mintió, nos ocultó información. Nos dijo bajo juramento en su ponencia y en el intercambio de preguntas y respuestas que Carlos Acevedo no siguió las instrucciones de utilizar el almacén y repartir los suministros y nos dice también que desconocía de la existencia del almacén en Ponce”, dijo Rodríguez Aguiló en entrevista con El Nuevo Día.

El también portavoz de la mayoría sostuvo que la investigación reveló, a través de documentos y testimonios de personal del NMEAD, que del citado almacén se despachaba mercancía a municipios como Guayanilla, Yauco y Peñuelas desde el año pasado y desde el 9 de enero de 2020 en el contexto de la emergencia. Además, el Plan Conjunto Operacional para Incidentes Catastróficos del Gobierno (Josip, por sus siglas en inglés), firmado por Román y la gobernadora Wanda Vázquez, reflejaba la existencia del almacén.

Tras el hallazgo del almacén por un usuario de redes sociales, el gobierno dio la instrucción de vaciar la instalación, donde se guardaban catres y toldos, así comoagua caducada.

Rodríguez Aguiló le atribuye a Román parte de la pobre respuesta del gobierno a la emergencia ya que decidió mover a Acevedo a la zona sur para atender la situación mientras él permanecía en San Juan en el Centro de Operaciones de Emergencia. Esta decisión, según el representante, iba en contravención del texto del Josip, que identificaba a Acevedo como la figura a cargo de la crisis. Esto provocó, afirmó, que Acevedo no tuviera visibilidad de lo que necesitaban los gobiernos municipales ya que los alcaldes le hacían a él y a otros jefes regionales del NMEAD peticiones por teléfono mientras otras las hacían a través de un formulario de FEMA a nivel central.

“Se violentó el plan”, dijo Rodríguez Aguiló.

Longo Quiñones y López

Según Rodríguez Aguiló, Longo Quiñones y López le mintieron a la comisión especial de la Cámara al tratar de proyectar que el Informe de 48 Horas contenía información sensitiva que no podía ser entregada a la Legislatura. El gobierno de Vázquez incluso impugnó la petición del cuerpo legislativo en el tribunal, pero la jueza Lauracelis Roques Arroyo le dio la razón a la Cámara y ordenó la publicación del informe con cierta información editada.

“En el Informe de las 48 horas se establece que el almacén se utilizaba desde el 9 de enero. Se estaban sacando suministros y toldos menos agua, que estaba expirada”, dijo Rodríguez Aguiló. “El Informe de 48 horas desmiente a Román porque él nos dijo bajo juramento que él fue quien estuvo a cargo, por parte de la gobernadora, de que se hiciera la investigación de 48 horas, que se redactara ese informe. Él lo recibe, se asegura que tiene todas sus partes, así que lo leyó, y tuvo que haber visto que en el informe decía que se utilizaba desde el 9 de enero”.

“A sabiendas de que el informe certificaba que el almacén se utilizaba desde el 9 de enero, Román dice que Carlos Acevedo no siguió las instrucciones y no estaba repartiendo los suministros de dicho almacén y lo dijo en la vista pública y esa es la justificación de por qué botan a Carlos Acevedo”, continuó Rodríguez Aguiló.

El legislador recordó cómo Longo Quiñones y López sostuvieron ante la Cámara que el informe no podía darse a la luz público ya que contenía información que era parte de un sumario fiscal. Rodríguez Aguiló afirmó que realmente se trataba de una investigación administrativa y rebatió otros argumentos de Longo Quiñones y de López para no entregar el documento como que contenía nombres de agentes, nombres de testigos o informantes y que se revelaban técnicas y estrategias investigativas.

“Nada de eso resultó ser cierto”, dijo Rodríguez Aguiló, quien recordó que, incluso López firmó una declaración jurada ante el tribunal para oponerse a que la prensa tuviera acceso al documento levantando los mismos argumentos que presentó ante la Cámara.

“Estaban induciendo a error la secretaria de Justicia y el comisionado del NIE al tribunal para no entregar el informe no y hacerlo público”, agregó.

La postura del gobierno

A juicio de Rodríguez Aguiló, Román, Longo Quiñones y López trataron de proteger a la gobernadora, que despidió de manera injustificada a Acevedo, un funcionario que ya estaba en arena movediza tras ser denunciado por varios alcaldes por la pobre comunicación que tenía con ellos. Además, un grupo de excomisionados del NMEAD fue vocal en la necesidad de que se le sacara de su posición.

“Lo que ocurrió aquí es que, por alguna razón, la gobernadora aparentemente… aquí hubo un escándalo de un almacén en medio de una emergencia y trataron de apagar el fuego despidiendo a alguien”, dijo Rodríguez Aguiló al argumentar que la gobernadora no tenía por qué esperar a una crisis como la que ocurrió el 18 de enero y pudo haberle retirado la confianza a Acevedo mucho antes.

“Todo esto fue una mentira y una falta de respeto a una investigación de la Asamblea Legislativa. La mentira de la secretaria de Justicia, de Román y del comisionado López se construye para proteger a la gobernadora, que dijo públicamente unas cosas ese sábado (18 de junio) para tratar de tapar todo ese asunto”, dijo Rodríguez Aguiló.

La confirmación de Román

Román fue confirmado el 11 de junio como secretario de Estado a pesar de las presentaciones que hizo Rodríguez Aguiló al caucus de la mayoría sobre por qué no debía ser confirmado.

“Yo cumplí con mi responsabilidad y pude demostrar al caucus el por qué de mi posición en contra de Elmer Román. Lo advertí que en algún momento sería referido, no por sus actuaciones como secretario de Estados, sino por la respuesta del gobierno”, dijo al referirse a la emergencia de los terremotos.

“Fui informando a la delegación y al presidente (Carlos “Johnny” Méndez) de cómo iban las cosas”, agregó.


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