El senador William Villafañe propone que el bono propuesto se pague con "remanentes" presupuestarios. (GFR Media)

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Mientras miles de personas permanecen sin empleo por causa de la cuarentena y el Departamento delTrabajo y Recursos Humanos (DTRH) mantiene miles de solicitudes de desempleo en un limbo, el Senado aprobó un bono de $500 para ciertos empleados públicos.

La medida se aprobó de manera tripartita en el Senado, con dos ausencias y la abstención del senador Miguel Romero, el pasado 4 de mayo. Según el Servicio de Trámite Legislativo, la pieza fue referida a la Cámara baja tres días más tarde.

La decisión ha sonado las alarmas en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a juzgar por una carta de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, quien escribió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los líderes legislativos para que la medida no se convierta en ley.

Específicamente, la medida radicada por el senador William Villafañe propone enmendar la Ley 66 de 2013 para otorgar un bono de hasta $500 “a todo empleado que haya laborado de modo presencial” durante el periodo de cuarentena decretado para atajar la propagación del coronavirus en Puerto Rico.

La medida ante la consideración de la Cámara baja se produce mientras datos del Departamento del Trabajofederal apuntan a que desde el 21 de marzo al pasado 2 de mayo, se han radicado 239,611 reclamaciones iniciales de desempleo en Puerto Rico.

Según la agencia federal, hasta el jueves pasado, Puerto Rico era la séptima jurisdicción estadounidense con el mayor nivel de desempleo asegurado, con un indicador de 17.9%. El indicador, distinto a la tasa de desempleo, ofrece luz acerca del número de personas que reciben beneficios por desempleo en relación a la fuerza laboral.

“Legislar bonos adicionales para empleados del gobierno, quienes han estado recibiendo sus salarios en su totalidad y especialmente, cuando miles de empleados han sido despedidos en el sector público, coloca la posición financiera del gobierno en mayor riesgo”, reza la carta de Jaresko.

En su misiva, Jaresko sostuvo que el gobierno y la JSF ya pusieron en marcha varias iniciativas para responder a la emergencia, incluyendo estipendios para individuos y funcionarios en la primera línea de defensa contra el COVID-19.

En contraste, la justificación para otorgar el bono, según la exposición de motivos, se centra en el trabajo “heroico” que hicieron los empleados públicos, una vez acudieron a sus lugares de trabajo para cumplir con sus funciones, en medio de la cuarentena.

En esencia, la medida de la autoría de Villafañe busca otorgar el bono a aquellos empleados público que acudieron físicamente a sus trabajos y que no recibieron estipendios como los que se otorgaron a las enfermeras, policías y personal de primera respuesta.

Según la pieza legislativa, las agencias y corporaciones públicas pagarán el bono de “remanentes presupuestarios”.

“Es justo proveer un mecanismo legal para que las agencias puedan compensar el riesgo asumido por aquellos empleados que rindieron su trabajo en medio de la emergencia en los talleres, oficinas, predios o lugares establecidos por su supervisor. Es decir, que fungieron su rol fuera del hogar por directriz patronal. Estos empleados también rindieron un desempeño heroico”, reza la medida.

Desde el pasado 16 de marzo, cuando Vázquez Garced ordenó el cierre de negocios no esenciales y el toque de queda para atajar el COVID-19, los servicios públicos fueron suspendidos o se redujeron prácticamente en su totalidad. Aunque en una comparecencia pública el mes pasado, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OCALARH), Sandra Torres, aseguró que los empleados públicos trabajaban en remoto, el gobierno no ha provisto data alguna que evidencie que ello sucedió.

Durante el período de emergencia, El Nuevo Día reseñó antes que miles de empleados del sector privado que no pudieron ir a trabajar por la prohibición gubernamental recibieron su salario porque les fue pagado contra las licencias especiales aprobadas por el gobierno federal y cuando estas se agotaron, se les pagó contra sus respectivas licencias de vacaciones o enfermedad.

Empero, en el caso de los servidores públicos, que se sepa, estos han continuado recibiendo salario sin que se hayan hecho ajustes a sus licencias. Además, aunque estos hayan rendido un trabajo a tiempo parcial o completo, al parecer, continuarían acumulando balances en sus licencias en ese período.

Jaresko recordó a Vázquez Garced que aparte de los paliativos a nivel local, todos los ciudadanos en Puerto Rico recibirán un estipendio federal de $1,200 y hasta $500 en caso de tener dependientes.

Decepcionado Villafañe por la contestación de Jaresko

Villafañe, dijo que las expresiones de Jaresko en la carta enviada a Vázquez Garced son "como un sarcasmo político".

"El proyecto del Senado 1578 no incrementa el presupuesto vigente aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal ya que se sufraga por ahorros logrados por las propias agencias. De hecho, la medida surge para arreglar la injusticia que ellos mismos promovieron de beneficiar a unos y dejar a otros que corrieron similar riesgo sin reconocerles", sostuvo Villafañe mediante comunicación escrita.

"Han sido la señora Jaresko y la Junta quienes promueven restarle beneficios a los trabajadores, pensionados y vulnerables. Ahora utilizan el argumento de que no se debe incentivar el servicio público por el alto nivel de desempleo provocado por la crisis. Hace unas semanas pensaban diferente cuando impulsaron la erogación de cientos de millones en bonos, lo cual debió hacerse sin discriminar", resaltó el senador.

Por último, Villafañe exhortó a Jaresko a enmendar el Plan Fiscal y a renegociar mejores términos de la deuda "si realmente quiere ayudar al pueblo".


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