El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que presente un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito federal. (AP)

Washington - La posibilidad de eliminar el crédito federal al arbitrio que estableció la Ley 154 de 2010 supondría acabar con un concepto que expertos han considerado inconstitucional y sería cónsona con la intención de la reforma contributiva federal de buscar reducir los incentivos para las empresas foráneas.

Bajo la reforma de 2017, se impuso un nuevo impuesto -que empezó en 10.5%- sobre los activos intangibles o propiedad intelectual de las corporaciones de control foráneo (CFC, en inglés).

“La excepción que se hace a Puerto Rico, con el crédito al arbitrio de la Ley 154, no tiene sentido dentro de la política pública de la reforma, pues incentiva que las compañías muevan ingresos a Puerto Rico para evitar los impuestos en otros lugares”, indicó Jeffrey Farrow, quien copresidió el Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca bajo la administración de Bill Clinton y ha asesorado a grupos cívicos estadistas.

La tasa corporativa doméstica quedó en 21% con la reforma federal. Pero, a su vez, se redujo de 100% a 80% el crédito federal por los ingresos de las CFC producto de trabajo hecho en los estados.

Esta semana, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin, solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y su equipo de trabajo que presenten un plan de transición que permita dejar sin efecto el crédito temporal que ha permitido a las empresas foráneas deducir por completo el arbitrio de 4% que impuso la Ley 154, que representa unos $1,800 millones anuales o cerca del 22% de los recaudos del Fondo General del gobierno de Puerto Rico.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, dijo que el tema ha estado bajo discusión en un grupo de trabajo federal y puertorriqueño, y que la petición de Mnuchin no tiene un plazo fijo.

En el pasado, según fuentes, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares -que al llegar a La Fortaleza extendió por una década el arbitrio de la Ley 154- abogó por que el Tesoro otorgara un plazo de varios años para desarrollar un mecanismo que sustituya esos recaudos.

Cuando el gobierno de Puerto Rico iba a hacer los más recientes ajustes en su sistema contributivo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que una de las alternativas que debía examinarse era cambiar el arbitrio sobre las ventas de la Ley 154 a un impuesto sobre ingresos, que pudiera deducirse en un 80% a través del nuevo tributo de 10.5% sobre la propiedad intelectual de las foráneas que impuso la reforma federal de 2017.

Un nuevo impuesto sobre los ingresos de las empresas requeriría revisar los decretos contributivos que tienen con el gobierno.

Al presidente del grupo Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, le parece ilógico que se quiera presionar al gobierno en torno a la búsqueda de una alternativa al crédito federal, cuando Vázquez Garced solo lleva poco más de un mes en su puesto y la isla aún tiene que lidiar con una crisis fiscal y de deuda pública que ha implicado la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal.


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