(GFR Media)

La Asamblea Legislativa tendrá ante su consideración mañana dos medidas que elevan a rango de ley la inmunidad que le otorgó la gobernadora Wanda Vázquez Garced – a través de la Orden Ejecutiva 2020-36- a los hospitales privados, facilidades médicas y profesionales de la salud que atiendan pacientes sospechosos de COVID-19 durante el estado de emergencia por la pandemia.

Las medidas, presentadas por el senador Miguel Romero y por la representante María Milagros Charbonier, están dirigidas a evitar cualquier levantamiento jurídico en contra de la directriz emitida por la primera ejecutiva. “Contiene un lenguaje más específico y le damos validez y certeza jurídica. Queremos ir más allá de una orden ejecutiva que pueda ser cuestionada en cualquier momento”, argumentó Romero sobre su propuesta.

El pasado miércoles, 21 de abril, Vázquez Garced anunció la firma de la orden ejecutiva que le otorga inmunidad civil contra reclamaciones por daños y perjuicios por alegada impericia médica o negligencia a toda facilidad médica o profesional de la salud, que forme parte de la primera respuesta a la emergencia ya sea porque han atendido pacientes positivos de COVID-19 o con otras condiciones. Esto quiere decir que la ciudadanía no puede presentar demandas por daños o muerte a consecuencia de alegados actos u omisiones.

De inmediato, se levantaron cuestionamientos, incluso por el propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; quien, aunque describió como “justa” la concesión de inmunidad, invitó a la gobernadora a presentar un proyecto de ley conforme al ordenamiento jurídico. Otras voces expertas cuestionaron la amplitud de la orden ejecutiva que parece cubrir todo procedimiento médico y no solamente a aquellos relacionados con el COVID-19.

El senador Juan Dalmau Ramírez y el representante Denis Márquez Lebrón, por su parte, sometieron un recurso de interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra la gobernadora en busca de que la corte declare nula la orden ejecutiva 2010-036 por ser inconstitucional.

Romero explicó que su propuesta busca aclarar que la inmunidad se aplicará solo en aquellas instancias relacionadas con pacientes sospechosos de COVID-19

Sostuvo, además, que, aunque el Artículo 6.10 de la Ley 20-2017 faculta a la gobernadora a conceder inmunidad durante un estado de emergencia, este poder solo es aplicable a empleados gubernamentalesen el desempeño de sus funciones y voluntarios que presten servicios de manejo de emergencias, no así a la clase médica del país. “Utilizando como base la orden ejecutiva se le dio una forma legal para establecer certeza y evitar cuestionamientos en derecho a la validez de la inmunidad”, detalló Romero.

El también candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP) señaló que la resolución conjunta -radicada el sábado electrónicamente- recoge el estado de derecho establecido en la Ley 139-2008 que crea la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica sobre las responsabilidades de los profesionales de la salud. “En caso de que medie malicia o negligencia crasa, según definida desde el 2008, no va a aplicar la inmunidad”, expresó Romero.

Charbonier, por su parte, argumentó que uno de los grandes problemas que se está presentando en los centros de salud es que los tratamientos que se están ofreciendo a los pacientes de COVID-19 que no son asintomáticos van dirigidos a combatir los síntomas según se van presentando, lo que añade incertidumbre al proceso, dijo. “Este panorama, sin duda, está causando mucha tensión tanto en los pacientes como en el personal médico que los atiende. Y esta medida que estoy presentando tiene el propósito de liberar las preocupaciones del personal médico que está haciendo lo mejor que pueden durante esta crisis mundial para salvar a los pacientes”, expresó.

“Esta legislación ayudará a quitarles esas preocupaciones sobre demandas económicas que puedan surgir en un futuro, y garantizarles el espacio y el ambiente idóneo para que puedan continuar realizando su titánica labor”, añadió Charbonier.

Tanto Cámara como Senado recesan mañana, 27 de abril.


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