José Ortiz reiteró su intención de trabajar junto a la Comisión de Energía. (semisquare-x3)
José Ortiz reiteró su intención de trabajar junto a la Comisión de Energía. (Ramón “Tonito” Zayas)

Contrario a lo informado por el Ejecutivo cuando anunció la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los clientes de la corporación pública no podrán escoger, al menos a corto plazo, qué compañía les proveería electricidad en sus hogares, comercios e industrias.

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, indicó que esa negociación sería entre las cinco o seis empresas privadas que producirían energía y la firma que manejaría, a través de una concesión, los activos de transmisión, distribución y servicio al cliente.

“Este es un proceso que se va a dar un poco más adelante. Tenemos que poner al consumidor como centro y no lo podemos abacorar con demasiados cambios”, dijo Ortiz a preguntas de El Nuevo Día sobre cuándo y cómo los clientes escogerían directamente a su proveedor de servicio.

El pasado 22 de enero, en un mensaje televisado al país, el gobernador Ricardo Rosselló anunció la privatización de la AEE. “Con esta transformación de la Autoridad, dejarás de ser rehén de esta. Tú tendrás el poder de escoger entre varias opciones, la que mejor te sirva”, dijo entonces el mandatario.

Pero Ortiz reiteró que sería el concesionario de transmisión, distribución y servicio al cliente quien le comprará directamente a las empresas de generación.

“El (concesionario) que administre la red escoge por contrato quién es el proveedor más barato de los que están generando. No necesariamente todos los generadores tendrían el mismo precio, porque habría diferentes combustibles, ubicaciones y tamaños de unidades. El administrador de la red decide a quién y cuándo le compra”, expuso.

En un “segundo paso”, que podría dentro de cuatro a seis años, entrarían a escena “compañías detallistas” que negociarían “paquetes de venta de kilovatios”, y eso sería lo que los clientes comprarían. Se ofrecerían, por ejemplo, paquetes de kilovatios para consumo diurno y nocturno, ambos con distintos precios.

La Comisión intervendrá

Por otro lado, Ortiz dijo que, “para garantizar precios justos y razonables”, la Comisión de Energía de Puerto Rico fijaría los costos de la energía que producirían las generadoras.

Esta es una de las funciones principales de la Comisión, según su ley habilitadora (Ley 57-2014). El estatuto dispone que el ente independiente investigará, fiscalizará y regulará la industria eléctrica y todos sus componentes, lo que incluye asegurar la confiabilidad, seguridad y eficiencia del servicio, así como la razonabilidad de las tarifas.

“Vamos a darle fuerza e independencia a la Comisión. Eso es bien importante comunicarlo al mundo exterior, porque es uno de los factores que garantiza la estabilidad de cualquier contrato. Quien determina los precios es la Comisión de Energía”, enfatizó el director ejecutivo.

La ley de privatización de la AEE, firmada el 20 de junio, también establece que las compañías privadas interesadas en alguna de las transacciones propuestas necesitarán un “Certificado de Cumplimiento de Energía” provisto por la Comisión, y estarán sujetas a la regulación de tarifas y cargos.

Entretanto, Ortiz reconoció que la venta y transición de los activos de la AEE no bajará los costos de operación de la corporación pública, “pero tampoco los subirá”.

A su juicio, la AEE “se beneficiará” de otras iniciativas, como una para combatir el hurto de energía, una práctica que supone $300 millones en pérdidas cada año. También, darían resultados positivos la construcción de unidades 30% más eficientes, que quemarían combustibles entre 30% y 40% más baratos.


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