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El Tribunal Supremo se apartó ayer de lo que ha sido la tradición histórica en ese alto foro judicial al solicitar a la Legislatura que aumente a nueve el número de sus jueces sin la unanimidad de sus miembros y sin deliberación alguna en el pleno de esa corte.

La solicitud fue certificada con los votos a favor de los cuatro jueces estadistas, nombrados bajo esta administración, y con el voto disidente de los tres jueces populares, incluido el del juez presidente del Supremo, Federico Hernández Denton.

La solicitud del Supremo, en la que también piden los fondos necesarios para costear el aumento de jueces, fue enviada en la tarde de ayer a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes. El liderato legislativo ya adelantó que atenderá el asunto tan pronto como en la sesión del lunes.

La Legislatura tendrá que aprobar ahora una medida que enmiende la Ley de la Judicatura para aumentar el número de jueces. Ese proyecto necesita la firma del gobernador Luis Fortuño para que se convierta en ley y se abran oficialmente las dos vacantes.

Los jueces estadistas Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo y Edgardo Rivera García defendieron su solicitud a la Legislatura al argumentar que el incremento de jueces mejorará la eficiencia del Supremo.

“Primero, se pretende asegurar que el Tribunal tenga los recursos humanos necesarios para agilizar su calendario y mantener al día el trámite de los casos que se le presentan. Segundo, se busca que el Tribunal tenga la composición adecuada para modificar su funcionamiento, de modo que pueda operar de una forma más transparente y accesible al pueblo”, alegaron los cuatro jueces en una resolución de 22 páginas.

Según la resolución, el aumento de jueces permitirá la celebración de un número mayor de vistas orales y la “solución ágil y rápida” de los recursos presentados ante el Supremo. Sostuvieron que cuando el número de jueces del alto foro también fue aumentado de siete a nueve en 1961 se resolvió el ataponamiento de casos pendientes.

Indicaron que al 30 de junio de 2010, los casos pendientes ascendieron a 792. Esa cifra, dijeron, incluye 155 casos sometidos y 442 pendientes para que el Tribunal los considere y decida si va actuar sobre ellos. Señalaron que 195 casos están en espera de que una parte muestre causa o presente su alegato.

“Mandato del pueblo”

Los cuatro jueces también interpretaron que cuando el pueblo fue consultado en 1994, bajo la administración de Pedro Rosselló, en torno a si favorecía enmendar la Constitución para subir el número de jueces del Supremo, los electores votaron en contra de esa propuesta para dejarle esa decisión a la propia corte.

“Así pues, en vez de fijar en nueve el número de miembros de este Tribunal como se pretendía con la enmienda constitucional propuesta, los electores prefirieron que fuéramos nosotros quienes le manifestáramos a la Asamblea Legislativa cuál entendemos que es el número de jueces que se necesita para realizar nuestra función judicial”, lee la resolución.

Reaccionan a las críticas

Martínez Torres, Pabón Charneco, Kolthoff Caraballo y Rivera García aprovecharon la resolución para defenderse de la lluvia de críticas del liderato político y de expertos en Derecho en el sentido de que esta movida de aumentar el número de jueces responde estrictamente a elementos político partidistas.

“Los que lanzan esos ataques olvidan que también habrá quien le adjudique el mismo propósito inadecuado a la oposición a esta medida”, expresaron.

Los jueces mayoritarios también dijeron que el hecho de no haber discutido esta solicitud en el pleno de la corte, como ha sido la tradición, no lacera la imagen del Supremo.

Tanto Martínez Torres como Pabón Charneco afirmaron en su vista de confirmación en el Senado, en febrero de 2009, que cualquier cambio en la composición de ese foro debía hacerse en una reunión del pleno. Pabón Charneco también había dicho en esa vista que un asunto tan importante como aumentar el número de jueces no podía ser tomado a la ligera.

Aún así, insistieron en la resolución en que esa decisión fue tomada por la “filtración selectiva” de comunicaciones internas del Supremo, que le adjudican a los jueces populares. “Nuestro interés en deliberar y discutir el contenido de esta Resolución se frustró cuando en lugar de este recinto judicial se escogió la arena política como foro”, reza el documento.

La administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, estimó que los dos nuevos jueces del Supremo le costarán al erario $800,000 anuales por juez.


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