Entre septiembre de 2018 y junio de 2019, la firma McKinsey destinó $1.7 millones al cabildeo sobre una medida que la JSF ha respaldado. (Gerald López Cepero)

Washington - La compañía McKinsey –que diseña la estrategia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)– ha continuado sus gestiones de cabildeo en el Congreso en torno a la legislación de la congresista Nydia Velázquez que persigue que la ley Promesa evite conflictos de intereses como los que se le han imputado a esa empresa en el proceso de reestructuración de la deuda pública de la isla.

De septiembre de 2018 a junio de 2019, McKinsey destinó $1.7 millones a las gestiones de cabildeo sobre una medida que la JSF ha respaldado.

Tan reciente como el 6 de agosto, la empresa Greenburg-Traurig se registró en el Congreso como cabildero de McKinsey.

Hasta junio, la empresa Bracewell ha reportado ante el Congreso ingresos y gastos que suman $1.11 millones como parte de sus gestiones para McKinsey en relación con la ley Promesa y la ley federal de quiebras. Allston & Bird, por su parte, reportó ingresos y gastos por $570,000.

Al registrarse como cabilderos de McKinsey, Greenburg-Traurig –que sustituye a Allston & Bird como uno de los representantes de la empresa asesora de la JSF– reportó otros $30,000 en ingresos y gastos.

McKinsey insistió en que no busca frenar o suavizar la medida, que está pendiente también en el Senado. “Apoyamos la transparencia en la revisión de posibles conflictos, que es precisamente el objetivo del proyecto de ley. Nos hemos comprometido con la mejor manera de garantizar que esta legislación funcione en la práctica”, indicó un portavoz de McKinsey.

La JSF pareció sorprendida en mayo de que Mckinsey llevara a cabo un cabildeo independiente en torno a esa legislación. Pero, dio a entender que no le incomoda que su contratista siga buscando influenciar sobre el proyecto de Velázquez, el cual ha sido incorporado al borrador de enmiendas a Promesa que ha redactado el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva.

En una declaración, la JSF reafirmó su respaldo a la legislación de Velázquez, e insistió en que mantiene manos afuera sobre el cabildeo de su contratista. “La JSF no está involucrada ni informada sobre los esfuerzos de cabildeo de McKinsey… La JSF continúa confiando en la calidad de los consejos y el trabajo realizado por McKinsey como consultor”, indicó Edward Zayas, portavoz del ente fiscal.

La propia JSF ha dedicado, desde diciembre de 2017, $1.7 millones a gestiones de cabildeo relacionadas con asuntos como la implementación de la ley Promesa, “desarrollo económico”, Medicaid, el programa federal de salud infantil (CHIP), asistencia por desastres y “necesidades de liquidez” del gobierno de Puerto Rico.

El portavoz de McKinsey insistió en que su cabildeo comenzó como respuesta a la presión de Jay Alix, “un competidor” al que le atribuye distribuir por el Congreso “información engañosa” sobre su empresa. Jay Alix ha destinado cerca de $1.6 millones en cabildeo, desde el verano de 2018, en favor de que se llenen los huecos de la ley Promesa sobre potenciales conflictos de intereses y el proyecto de Velázquez.

McKinsey ha estado bajo fuego tras un reportaje del diario The New York Times que reveló que una de sus subsidiarias, Mio Partners, ha tenido inversiones en la deuda pública de Puerto Rico, la cual la JSF tiene a su cargo.

La legislación de Velázquez obligaría a abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la JSF, antes de poder recibir compensación.

Un estudio encomendado por la JSF a la empresa Luskin Stern determinó que McKinsey hizo las revelaciones requeridas al ente fiscal y que no había intercambio de información con su subsidiaria Mio. Pero, la evaluación de Luskin Stern reconoció que esas inversiones pueden ser problemáticas, pues pueden percibirse como un conflicto. McKinsey mantuvo que ese análisis sostiene que sus “políticas, procedimientos y prácticas impidieron que surgieran conflictos descalificadores”.

La semana pasada, ocho senadores y cinco congresistas –encabezados por el senador Bernie Sanders y la congresista boricua Alexandria Ocasio Cortez– pidieron cuentas a la JSF sobre sus gastos, medidas de austeridad y potenciales conflictos de intereses.

En una carta a la JSF, los legisladores hicieron mención directa de McKinsey, al indicar que “ha recibido más de ($70) millones en contratos de asesoría… y también es titular de parte de la deuda puertorriqueña”, en lo que describen como un “desprecio evidente en relación con las normas de conflicto de intereses”.

“Una de las principales recomendaciones en el ‘Informe Luskin’ fue que los proveedores deberían revelar las relaciones con sus subsidiarias y que el que tengan inversiones en la deuda pública de Puerto Rico es particularmente problemático, ya que da lugar a la aparición de un conflicto. Esto es exactamente lo que el proyecto de ley requiere que los contratistas hagan”, sostuvo la congresista Velázquez cuando defendió en junio su proyecto ante el Comité de lo Jurídico.


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