Víctor Ramos, presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales (semisquare-x3)
Víctor Ramos, presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales. (GFR Media)

En las próximas dos semanas, el gobierno recibirá una propuesta del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales (CICAP) para proponer una alianza público privada (APP) para que los colegios profesionales absorban las funciones de las correspondientes juntas examinadoras.

“Estamos proponiendo al gobierno y vamos a someter en las próximas dos semanas utilizar el mecanismo de alianza público privada para que los colegios profesionales absorban a las juntas examinadoras. Las juntas examinadoras no tienen ni el personal ni el equipo (para su adecuado funcionamiento)”, dijo el presidente del CICAP, Víctor Ramos.

“No es culpa de los miembros de la juta ni siquiera de los empleados porque es que no tienen empleados para hacer sus funciones. Cada colegio tendría una APP con su respectiva Junta”, agregó el médico en conferencia de prensa.

Ramos, quien es presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, precisó que la propuesta será para que 26 colegios profesionales absorban esa misma cantidad de juntas examinadoras del gobierno.

Horas después de la conferencia de prensa, algunos de los colegios de profesionales, como el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, aclararon que desconocían de la propuesta.

Ramos dijo cada uno de los representantes de los colegios profesionales conocía de la propuesta y que ahora corresponde que cada uno lleve la misma a discusión de la asamblea para decidir si quiere formar una APP.

“Yo no controlo lo que los representantes llevan a sus colegios. Asumo que llevan lo que se discute. Cada colegio tiene que llevarlo a su junta y decidir porque son propuestas individuales”, indicó Ramos.

Agregó que la propuesta del CICAP beneficia al gobierno de forma dual porque ahorra recursos y cumple con el objetivo de la administración de Ricardo Rosselló Nevares de achicar el aparato gubernamental.

En síntesis, algunas de las juntas examinadoras que podrían estar en manos de colegios profesionales mediante una APP son la junta examinadora de barberos, la de técnicos de refrigeración y aire acondicionado, la de contadores públicos autorizados y la de agrónomos. En el campo de la salud también podría estar en una APP las juntas de optómetras, ópticas, tecnólogos médicos y enfermería.

“Entendemos que esto (la APP) es la mejor vía dado los recortes que está pidiendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Si queremos sacar dinero para las pensiones para el bono de Navidad y otras cosas pues hay que ahorrar en otras áreas”, destacó el galeno.

De paso, recordó que ni en el presupuesto para el 2020 recomendado por el gobernador o la JSF se destina cero dineros para el funcionamiento de las juntas examinadoras. Dijo que si cada colegio profesional se hace cargo de una junta examinadora el gobierno se ahorraría sobre $50 millones, mientras que el CICAP destinaría alrededor de $5 millones para el funcionamiento de las juntas.

“Nosotros creemos que esto es lo mejor para el país”, enfatizó Ramos.

Ramos no descartó que, como parte de estas APP, el gobierno allegue fondos a sus arcas, pero no precisó cantidad.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo, asignar os recursos, a darle parte al gobierno sin hacer para que las juntas trabajen. A nosotros no nos interesa que las juntas estén sin hacer su trabajo. Quisiéramos que las juntas tuvieran los recursos, que las licencias salieran siempre a tiempo y que las querellas éticas se resolvieran a tiempo”, destacó.

Indicó que ya se comunicaron con el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, para alertarle de la propuesta que someterán. La Ley 1 del 2017 enmendó la Ley 29 del 2009 que permite las APP. El nuevo estatuto no solamente permite que el gobierno busque en la empresa privada conformar una APP, sino que también viabiliza que entidades privadas u organizaciones sin fines de lucro presenten propuestas de APP al gobierno.  

Adelantó que, de no hallar respuesta del gobierno a su propuesta, el CICAP estaría dispuesto a presentársela a la JSF.

Ramos rechazó que la propuesta puede implicar algún conflicto de interés al tener miembros de los colegios fiscalizando a esas entidades.

“Quien vela en las juntas son miembros de la misma profesión. Estarían haciendo lo mismo. Serían miembros de la misma profesión juzgando a la gente”, afirmó.

Además, indicó que en la actualidad ya hay miembros de los distintos colegios profesionales que prestan servicios a las juntas para que puedan operar.

Denuncia y petición de renuncia

En medio de la conferencia de prensa, Ramos divulgó un correo electrónico que enviado por la licenciada Norma Torres, directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud y Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico, en el que prohíbe “por órdenes de La Fortaleza” que miembros de esas entidades participaran de la rueda de prensa.

Mas aún, Ramos acusó a Marianne Cortina, directora de la oficina reglamentadora de juntas en el Departamento de Estado por supuestamente dar respuestas “falsas” a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes respecto al funcionamiento de las juntas examinadoras de Salud. Adujo que Cortina dijo al cuerpo cameral que cuentan con el personal necesario para su funcionamiento, pese a que no es cierto.

“Nosotros, tal como se aprobó en la asamblea de CICAP urgimos el despido de estas dos irresponsables funcionarias”, dijo Ramos.

Sin embargo, Eneida Alvarado, presidenta de la Junta Examinadora de profesionales de Trabajadores Sociales así como Sol Ramírez, miembro de la Junta Examinadora de técnicos de refrigeración y aire acondicionado, ambas adscritas al Departamento de Estado, dijeron que no recibieron presión o impedimento para acudir a la rueda de prensa.


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