Uno de los proyectos de ley presentados por Vargas Vidot prohíbe que un exlegislador, exalcalde y exgobernador sea cabildero en la Asamblea Legislativa. (GFR Media)

Si el gobierno hubiera tenido controles estrictos para regular las funciones de los cabilderos, para dar transparencia a sus funciones y penalizarlos si incurrían en irregularidades, el nivel de corrupción gubernamental que se ha destapado en los últimos días se hubiera reducido significativamente.

Al menos, así opina el senador independiente, José Vargas Vidot, quien presentó la semana pasada dos medidas anticorrupción dirigidas a regular la función de los cabilderos y reforzar las sanciones por delitos que involucren fondos públicos.

Específicamente, el Proyecto del Senado 1330 prohibiría cabildear en las ramas Ejecutiva y Judicial, y establecería controles en la Rama Legislativa, mientras que el Proyecto del Senado 1331 enmendaría el Código Penal para ampliar los mecanismos retributivos para delitos contra el erario.

No me quiero quedar en creer que la renuncia va a arreglar el asunto fiscal”, manifestó Vargas Vidot.

El legislador independiente advirtió que, aunque reconoce que el cabildeo no es ilegal, algunas personas que hayan ocupado ciertos puestos en el gobierno tienen una ventaja sobre otros cabilderos al tener acceso a ciertos lugares no accesibles para todo el mundo, así como a información privilegiada.

Una de las medidas que radicó precisamente prohíbe que un exlegislador, exalcalde y exgobernador sea cabildero en la Legislatura.

“Van a tener que rendir informes con frecuencia para revelar con quién hacen negocios”, expresó, al destacar que la medida impone sanciones de hasta tres años de cárcel.

De otra parte, Vargas Vidot dijo que ha estado participando en varias de las manifestaciones que se han realizado los últimos días en contra de la corrupción gubernamental.

Un pueblo que vive en silencio y no ejerce su derecho a la expresión crítica y se ampara en un voto cada cuatro años es un pueblo que se abre a la posibilidad de una corrupción en escalada”, dijo el senador, al recalcar que la Legislatura tiene el poder para llevar a cabo un proceso de residenciamiento contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.


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