La gobernadora Wanda Vázquez. (GFR Media)

La gobernadora Wanda Vázquez Garced vetó un paquete de cinco medidas legislativas aprobadas recientemente, incluyendo la Resolución Conjunta del Senado 507, medida que concedía incentivos económicos a los centros de atención médica privados y los eximía del pago de los servicios de agua y energía eléctrica por los meses de abril, mayo y junio.

Recientemente, voces dentro del sector de los servicios de salud habían urgido la aprobación de la medida ante la precaria situación económica que atraviesan las salas de emergencia primarias que, durante la emergencia, se han convertido en el lugar inicial a donde acuden los ciudadanos para buscar un diagnóstico y tratamiento rápido de COVID-19.

Al emitir el veto expreso, Vázquez Garced dijo que, aunque avalaba la finalidad de la medida, esta resultaba innecesaria, ya que existen una serie de ayudas y fondos federales para atender los hospitales y las facilidades médicas. A nivel estatal, por su parte, mencionó la aprobación de la Resolución Conjunta 24-2020 que ordenó la transferencia de $7.5 millones a los municipios para la operación y los gastos de las salas de emergencia de los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).

Añadió que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió en una carta enviada tanto al Ejecutivo como al Legislativo que los fondos estatales de emergencia bajo la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, que la medida identifica, principalmente, para subvencionar los incentivos propuestos, no están disponibles, por lo que recomendaron atenderlo con fondos federales. “Entendemos meritorio dirigir nuestros esfuerzos a lograr que las partidas asignadas a Puerto Rico a través del CARES Act se desembolsen lo antes posible para lograr ayudar al sector salubrista de la manera más comprensiva y abarcadora posible”, expresó.

La medida otorgaba incentivos mensuales a los hospitales, CDT y Centros de Salud Familiar consisten en $5,000 por cada cama autorizada, $150,000 a los CDT con salas de emergencias con una operación menor de 24 horas y de $250,000 a los CDT con salas de emergencia que trabajen las 24 horas.

Otra medida que fue vetada por Vázquez Garced fue la Resolución Conjunta de la Cámara 640 que creaba el fondo de ayuda para los municipios y sus respectivos cuerpos de la Policía Municipal, Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas. Este fondo se iba a nutrir de una asignación de $3 millones provenientes del Fondo de Emergencia.

Entre los beneficios contemplados en la medida estaba la otorgación de hasta $100 en reembolso -después de presentada la evidencia- a aquellos trabajadores de alguna de las dependencias municipales antes mencionadas que hayan tenido que invertir en equipo de seguridad o materiales de prevención debido a que el gobierno municipal no pudo suplirlo.

También le concedía una compensación equivalente a un mes de trabajo a todo empleado municipal de Manejo de Emergencias, Emergencias Médicas y personal relacionado con los servicios de salud -con excepción de las enfermeras- que no se ausentara durante la emergencia decretada.

Vázquez Garced indicó que días después de presentada esta medida, firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 659, la cual asignó un total de $500,000,000 en fondos para atender la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. Entre las asignaciones contenidas en esta medida, dijo, hay varias dirigidas a los municipios, así como incentivos para los policías y bomberos municipales.

En el caso de la Resolución Conjunta de la Cámara 645, que -entre otras cosas- ordenaba a la Guardia Nacional, en colaboración con el Departamento de Salud, a realizar cernimientos compulsorios del virus COVID-19 a todos los pasajeros que lleguen a Puerto Rico a través de cualquier aeropuerto, Vázquez Garced dijo que existen consideraciones fiscales que le impiden firmar la medida. Agregó que, además, fue promulgado el Boletín Administrativo Número OE-2020-022 mediante el cual se activó la Unidad Médica de la Guardia Nacional para tomarle la temperatura a viajeros que llegan en vuelos internacionales.

“La presente medida no identifica de dónde provendrán los fondos que se deberán utilizar para cumplir con sus propósitos y parecería delegarle al Departamento de Salud mediante una orden de colaboración la responsabilidad de utilizar sus recursos para cumplir con la resolución. En ese sentido, el Departamento de Salud sostiene que la responsabilidad de realizar las pruebas rápidas tendría que recaer sobre la Guardia Nacional porque no cuentan con el personal ni los recursos para subvencionar la operación”, dijo al agregar que la medida tendría un impacto de $8.7 millones sobre el presupuesto de la agencia.

Vázquez Garced también otorgó un veto expreso a la Resolución Conjunta de la Cámara 648, que ordenaba al Comisionado de Seguros de Puerto Rico a emitir toda carta normativa necesaria para que las organizaciones de seguro de salud y las aseguradoras de planes médicos realizaran pagos ponderados a las facilidades y las organizaciones de servicios de salud, por un término de 90 días. “Esto crearía una situación económica onerosa e incierta para dichos entes, además de que representaría un financiamiento de la industria deseguros de salud a las operaciones de las instituciones hospitalarias”, señaló la gobernadora.

Corrió la misma suerte la Resolución Conjunta de la Cámara 649, que le ordenaba a la Administración de Seguros de Salud (ASES), a autorizar y ordenar a las aseguradoras a realizar pagos ponderados a las facilidades y las organizaciones de servicios de salud, por un término de noventa días. “La emisión de pagos ponderados está prohibida por la reglamentación del Centers for Medicare & Medical Services (CMS), según surge del Código de Regulaciones Federales. Sin embargo, de optarse por establecer un procedimiento de pago intermedio similar a lo que se propone en la medida en discusión, este hecho requeriría la evaluación y aprobación previa por parte del CMS”, argumentó.

La semana pasada la gobernadora emitió veto expreso a otras nueve medidas legislativas que se suman a estas cinco.


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