La gobernadora Wanda Vázquez. (GFR Media)

Washington - En un esfuerzo conjunto, los gobernadores de los territorios reclamaron al liderato del Congreso trato “equitativo” bajo el programa de Medicaid, en momentos en que el Congreso tiene bajo análisis un proyecto de ley que le asignaría a Puerto Rico $12,000 millones en nuevas asignaciones para los próximos cuatro años fiscales federales.

Los gobernadores de Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte insistieron en que se elimine el tope que por ley se les impone en los fondos de Medicaid, aumentar la aportación federal por los servicios que se proveen a través del programa, mejorar los reembolsos a los hospitales y el financiamiento para subsidiar el medicamento de los pacientes de la tercera edad de escasos recursos económicos.

“Los desafíos que enmarca la necesidad de proveer cuidado médico a los adultos y niños de bajos ingresos en los territorios de Estados se han exacerbado por el trato discriminatorio, que ha estado vigente por mucho tiempo, bajo la ley federal de Medicaid”, indicaron los gobernadores Wanda Vázquez Garced (Puerto Rico), Albert Bryan (Islas Vírgenes), Lou Leon Guerrero (Guam), Lolo Matalasi Moliga (Samoa americana) y Ralph DeLeon Guerrero Torres (Islas Marianas del Norte), en una carta con fecha del jueves, 12 de septiembre.

Previamente, Vázquez Garced -quien hoy regresó a la isla luego de cuatro días de reuniones en Washington-, envió una carta independiente a los líderes del Congreso para presentarse y acentuar su compromiso con una gobernanza “transparente, responsable y efectiva” en Puerto Rico, que busca “restablecer la estabilidad para nuestros ciudadanos”.

“Mi administración está comprometida a eliminar el fraude, el despilfarro y el abuso, y para ello, hemos comenzado a implementar supervisión adicional, gestión fiscal y otras medidas de integridad del programa dictadas por el Congreso”, indicó Vázquez Garced en su carta del 10 de septiembre al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), la speaker Nancy Pelosi (California), el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y el portavoz de la minoría republicana cameral, Kevin McCarthy (California).

Vázquez Garced, junto al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, y otros miembros de su equipo, se reunieron con Pelosi, Schumer y McCarthy.

El Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja aprobó en julio un proyecto de ley que propone asignar $12,000 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico durante los próximos años fiscales, pero que a la misma vez – debido a los recientes cargos por corrupción que incluyeron a la pasada directora de la Administradora de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila-, impone nuevos controles y auditorías sobre el uso de esas asignaciones.

Los gobiernos de los territorios han coincidido en que al agotarse los fondos de Obamacare – y en el caso de Puerto Rico también los fondos de emergencia aprobados tras la catástrofe que causó el huracán María-, se han quedado o se quedarán sin suficientes fondos para mantener su sistema de salud. En el caso de Puerto Rico, los fondos no permanentes de Medicaid se pueden agotar este año y tener un barranco fiscal por lo menos $1,200 millones anuales a partir de abril de 2020.

Como enfatizó en sus reuniones de esta semana sobre Medicaid, Vázquez dijo que estuvo vinculada como secretaria de Justicia al establecimiento de la Unidad de Control Contra el Fraude en Medicaid, que fue una exigencia en el momento en que se aprobaron los $4,800 millones en fondos de emergencia tras el huracán María.

La propuesta cameral para asignarle a la Isla $12,000 millones en cuatro años se discute ahora a nivel del liderato del Congreso.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo que para poder avanzar legislación, los republicanos del Senado exigen más controles en el uso de los fondos. Mientras, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) sostuvo que la mayoría republicana quiere reducir la aportación federal por servicios de Medicaid que recomienda el proyecto, que en los primeros dos años alcanzaría el 83%.

Bajo la ley actual, el gobierno federal puede aportar hasta el 55% del costo del servicio Medicaid. Pero, por ley permanente Puerto Rico solo tiene acceso a unos $380 millones anuales en Medicaid.

El informe “Milliman” que presenta el gobierno de Puerto Rico en el Congreso advierte que si la aportación federal por servicio de Medicaid fuera de 83% en el año fiscal federal 2021, que empieza en octubre del año próximo, el sistema de salud de la isla recibiría unos $2,500 millones. Por el contrario, si no hay nuevas asignaciones, Puerto Rico tendría que destinar $2,600 millones de su presupuesto para proveer el servicio al que aspiran bajo el plan de salud del gobierno.


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