La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció este miércoles que las negociaciones para acordar su primer convenio colectivo como representante de la docencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han estado paralizadas desde junio, según portavoces, por “razones atribuibles a la gerencia institucional”.

La negociación, que inició en 2024, se paralizó cuando la UPR entró en el proceso de seleccionar a su nuevo presidente en propiedad y no se ha retomado bajo la incumbencia de Zayira Jordán Conde, que ocupa el cargo desde el 1 de julio.

“Llevamos casi tres meses sin negociar, con las negociaciones paralizadas por razones atribuibles a la gerencia institucional. Enfatizamos que este retraso podría constituir una práctica ilícita bajo el Artículo 8(1)(d) de la Ley 130, que garantiza la negociación de buena fe entre sindicato y patrono”, advirtió la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa Rodríguez.

El Nuevo Día solicitó una reacción a Jordán Conde y aguarda por una respuesta.

Según la líder sindical, la APPU se ha reunido en cuatro ocasiones con Jordán Conde, desde que asumió el cargo, y en todos estos encuentros han recalcado la necesidad de retomar las negociaciones y atender unos reclamos que tiene la docencia de la universidad pública.

Su último esfuerzo a estos fines fue entregar una carta, en la presidencia de la UPR, en la que detallaron dichas exigencias y en la que fijaron el 17 de septiembre como la fecha límite para que sean atendidas.

Aparte de retomar las negociaciones, la APPU exige que se remueva a Sheyla Méndez del comité negociador puesto que, aseguraron, ha obstaculizado las conversaciones y, supuestamente, ha mostrado resistencia ante cada propuesta presentada por el sindicato. Asimismo, piden que se reestablezca el acuerdo de comunicación directa entre la APPU y la docencia que, presuntamente, fue interrumpido “ilegalmente” en abril de 2025.

La unión también solicitó que los nombramientos para cubrir las vacantes (por renuncias) en las rectorías de los recintos de Arecibo, Utuado, Humacao y Cayey se hagan en consenso con la comunidad universitaria.

El vicepresidente de la APPU, Jorge Lefevre Tavárez, expuso que los movimientos en las rectorías, a semanas del inicio de clases y sin consultar a la comunidad universitaria, dan cuenta de la improvisación y de una gestión centralizada de parte de la nueva presidenta.

“La presidenta tiene la autoridad de cambiar rectoría, pero la manera unilateral (e) improvisada en que lo está haciendo deja mucho que decir. Esto confirma una de nuestras preocupaciones iniciales con la nueva presidenta, y era su desconocimiento de la comunidad universitaria y la dificultad que tendría de armar un equipo para la universidad”, apuntó.

Los portavoces alertaron de los rumores de designaciones del expresidente Miguel Muñoz a la rectoría del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que es ocupada por Agustín Rullán. Mientras, también alertaron de una potencial designación de Wayna Quiñones a la unidad de Arecibo.

“La presidenta debe entender que sin docentes no hay universidad. Lo que pedimos es justicia laboral y que se negocie de buena fe. La negociación con nosotros no es un asunto discrecional. La ley exige que el patrono se siente a negociar”, sostuvo la abogada Erika Fontánez Torres, secretaria de la junta nacional de la APPU.

“Si su administración no entiende el valor de la docencia e insiste en obstaculizar el proceso de negociación, la matrícula nos exige a la APPU pasar a la acción en defensa de nuestros derechos y después de todo, nuestros derechos son precisamente los derechos de la UPR, que es la universidad del pueblo”, añadió la profesora de Derecho.

Aunque no detallaron cuáles serán las estrategias de presión para hacer cumplir sus reclamos, Rosa Rodríguez indicó que “hay muchas formas de protestar y la docencia de la UPR, ciertamente, es muy creativa”.