El hallazgo de dos cadáveres en el complejo de vivienda Leopoldo Figueroa, en Río Piedras, dejó al descubierto no solo el abandono al que algunos adultos mayores se enfrentan, sino también los reclamos de residentes del proyecto público, quienes exigen mayor seguridad y mejores servicios y atenciones para quienes no tienen familia o están postrados en cama.

“Eso es lo más que hay aquí (personas abandonadas), porque es que aquí no atienden a nadie. Aquí, la administración (del complejo) ni (la Administración de) Vivienda Pública visitan a ninguno de los encamados que hay aquí, y hay como 10 encamados. Ese es el problema de aquí”, dijo Honésimo Ramírez, quien vive en el lugar hace 13 años. “Aquí, nosotros hemos visto de todo”, agregó.

El jueves, el ambiente de incertidumbre era evidente en el complejo; horas después de que la Policía confirmara el hallazgo –el miércoles– de los cadáveres. Mientras algunos vecinos reclamaban mejores condiciones, otros guardaban silencio y permanecían en el interior de sus espacios.

“Esos viejos que viven solos, si han tenido hijos, son malos hijos”, expresó José Antonio Melquiedes, quien vive en el lugar con su esposa.

El administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado, visitó hoy el complejo, y aseguró que las denuncias están bajo investigación. “Hemos enviado nuestro personal a inspeccionar el proyecto, tanto en condiciones físicas como en el tema de seguridad y ocupación. Una vez esté la determinación, procederemos conforme sea necesario”, indicó.

Asimismo, desde un evento oficial en Dorado, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que las muertes deben investigarse como una posible comisión de delito. “Se puede investigar hasta desde el punto de vista penal, o sea, hay que, obviamente, corroborar o confirmar que esas alegaciones son ciertas”, dijo el mandatario.

Contrario a lo que había trascendido, Salgado negó que el proyecto fuera una égida. Sin embargo, indicó que, en marzo de 2021, recibió una designación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para que fuera ocupado, principalmente, por personas mayores de 62 años.

“La designación se hizo a petición de nuestra agencia para garantizar que, como parte de nuestro inventario de vivienda pública, tengamos unidades reservadas para las personas de la tercera edad”, dijo durante su visita.

Ante la denuncia de residentes de que hay unidades ocupadas por personas que no cualifican, Salgado sostuvo que, de los 240 apartamentos, solo 35 están ocupados por individuos o parejas entre 55 y 62 años, una excepción que es avalada por el gobierno federal, dijo. En las demás unidades, aseguró, residen personas mayores de 62 años.

“Esto es una situación que no solamente se da en residenciales públicos, es una situación que estamos viendo alrededor de Puerto Rico, que es el problema de personas mayores que residen muchas veces solas… son personas que mueren por causas naturales, que viven solas en sus unidades”, señaló el funcionario, quien se vio interrumpido por una residente que –entre gritos– denunció “que él no atiende a nadie”.

Salgado respondió que, como resultado de los reclamos levantados por el Consejo de Titulares, se asignaron $500 mil para el reemplazo de los gabinetes de cocina e iniciaron trabajos para la instalación de una verja. De igual manera, el pasado lunes se aprobaron los fondos para la instalación de cámaras de seguridad.

De otra parte, Ramón Rosario, presidente de A&M Contract, compañía administradora de este y otros 22 complejos de vivienda, aseguró que cumplen con el mantenimiento de las áreas comunes, pero afirmó que la limpieza de cada apartamento es “responsabilidad del residente”. Para aquellos casos donde el titular necesita asistencia, hay 10 amas de llaves disponibles.

“Al vivir aquí, es darle un techo y unas comodidades básicas, pero esa asistencia adicional debe y tiene que ser dada por la familia”, subrayó Rosario.

Pero, ¿y si no tienen familia?, cuestionó El Nuevo Día. “Entonces, a través del trabajador social, con las agencias del gobierno, se la buscamos”, respondió. El complejo Leopoldo Figueroa cuenta con un solo trabajador social y está en vías de contratar otro.

En tanto, Rosario dijo que no tiene en proceso ningún desalojo, pero sí peticiones al tribunal al amparo de la Ley de Salud Mental (Ley 408 de 2000). También, destacó problemas con algunos vecinos que, sostiene, son acumuladores. Mientras, en referencia a las denuncias de residentes que alegan una entrada inusual de personas en horario nocturno, lo que representa un “issue” de seguridad, reconoció que eso “puede suceder”.

“Todo el mundo tiene derecho a un techo, pero no nos llenen esto de gente maleante, como están haciendo. Aquí, hay gente encamada; aquí, han roto puertas y han robado”, manifestó, entretanto, Norberto García, presidente del Consejo de Residentes. “Es lo que estamos pidiendo, y más limpieza, más de todo”, apuntó.

Por su lado, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, dijo que no han recibido ninguna querella o referido relacionado con este proyecto. Aun así, la dependencia inició una investigación sobre las circunstancias “que pueden estar afectando a los adultos mayores que residen en el lugar”.

“La Procuraduría tiene la responsabilidad de asegurarse que la población a la que se sirve viva en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad con las necesidades básicas más prácticas cubiertas, así como las sociales, espirituales y emocionales”, indicó por escrito.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.

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REFERENCIAS:

Ley 408 de 2000