Entidades que agrupan a periodistas en Puerto Rico reclamaron este jueves acción de parte de la gobernadora Jenniffer González para eliminar prácticas en su administración que restringen la cobertura periodística y obstaculizan el acceso a la información pública.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ, por sus siglas en inglés) denunciaron el cierre de la sala de prensa en La Fortaleza y la limitación del acceso a periodistas a la Mansión Ejecutiva como acciones que dificultan la fiscalización del Ejecutivo. Los periodistas han sido ubicados en un edificio fuera de los portones de La Fortaleza, conocido como el Palacio Rojo, desde el cual no se tiene visibilidad de quienes entran o salen de la estructura.

Asimismo, enumeraron como problemáticas las tardanzas de la gobernadora a conferencias de prensa y la falta de respuestas en un tiempo razonable a peticiones de información realizadas a portavoces de prensa.

“No solicitamos privilegios ni un trato preferencial. Reclamamos condiciones adecuadas para ejercer nuestra profesión y mecanismos efectivos para cumplir con el deber de informar y fiscalizar el uso del poder público”, manifestó el presidente de NAHJ en Puerto Rico, Harvey Cabassa.

El Nuevo Día aguarda por una declaración de La Fortaleza sobre los reclamos.

La presidenta de la OPC, Wilma Maldonado Arrigoitía, señaló que las actuaciones de la administración de González llegaron al punto de transmitir, en redes sociales, una conferencia de prensa falsa encabezada por el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, en la cual simularon la presencia de periodistas.

El señalamiento fue por la conferencia de prensa bisemanal “En récord” del 29 de octubre, que ese jueves se llevó a cabo más temprano de lo usual, con el cambio de hora habiéndose disvulgado tarde en la noche del miércoles, señaló la presidenta de la Asppro, Nydia Bauzá. Junto a Peña Payano, estuvieron el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera.

“Esta práctica de simular una conferencia de prensa sin periodistas es inaceptable. El deber de los funcionarios del gobierno que estaban allí, en todo caso, era cuestionar la ausencia de periodistas, no fingir, mientras a colegas que llegaron después hasta el Palacio de Santa Catalina no se les permitió pasar”, expresó Bauzá.

Asimismo, denunciaron expresiones del secretario Peña Payano en contra de la credibilidad de periodistas durante apariciones que ha hecho en programas de radio y pódcasts.

Los representantes del gremio periodístico señalaron que tuvieron una reunión con la gobernadora el 9 de octubre, encuentro durante el cual detallaron los retos que enfrentan los periodistas que cubren La Fortaleza y otras agencias del Ejecutivo. Informaron que González “se comprometió a resolver con inmediatez” algunos de los reclamos, pero no han sucedido cambios a casi un mes de la reunión.

Ante la mandataria solicitaron un espacio de trabajo que provea condiciones adecuadas para cubrir La Fortaleza tras el cierre -por construcción- de la sala de prensa, que se permita acceso a la instalación aunque no haya conferencias de prensa y la publicación de un protocolo ante la insistencia del uso de la identificación provista por el Departamento de Estado para acceder a La Fortaleza.

Del mismo modo, se le planteó el cese del registro del equipo de periodistas con policías y sus canes, puntualidad a las conferencias de prensa, respuestas oportunas a las solicitudes de información y un rechazo a los “límites arbitrarios” a la cantidad de preguntas que pueden hacer los medios de comunicación.

Del mismo modo, se solicitó la divulgación de la agenda oficial de la gobernadora, que cesen los ataques del secretario de Asuntos Públicos a periodistas, y que cese la transmisión de mensajes “en vivo” desde La Fortaleza a los que periodistas no tienen acceso.

El primer vicepresidente de la Asppro, Manuel Ernesto Rivera, destacó que esto se suma a las acciones de política pública que se han implementado este cuatrienio y que obstaculizan la labor de los periodistas, como la aprobación de la llamada Ley de Transparencia y la prohibición a la transmisión en vivo de vistas judiciales en etapas previas a los juicios.

La presidenta de la OPC indicó que, tras enviar un recordatorio a Fortaleza sobre los reclamos hechos a gobernadora, se le indicó que recibiría una respuesta por escrito, sin un compromiso real de acción.

“Hay un problema de credibilidad (...) Ha habido un deterioro de la relación con la prensa por los impedimentos que se nos ponen, no por ninguna otra razón”, señaló Maldonado Arrigoitía.

“Los periodistas no están para validar discursos oficiales, reproducir mensajes gubernamentales ni servir a la propaganda de ninguna administración. Su deber es informar con independencia, contrastar versiones, cuestionar el poder y exigir respuestas en beneficio del interés público”, añadió.