Aunque, en teoría y por virtud de varias leyes, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tienen su trabajo asegurado tras la contratación del consorcio LUMA Energy para la operación de la red, nada quita que, en enero, cuando cambie el gobierno, se elimine la política vigente de cero despidos en el sector público y queden en la calle.

“Es posible. No podemos anticipar cuál va a ser la política pública del nuevo incumbente (gobernador)”, dijo la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), Sandra Torres.

“Es posible que la seguridad de empleo esté en juego, pero ahora mismo hay una política pública de cero despidos”, añadió la subdirectora de la agencia, Rachel Pagán.

Ambas depusieron hoy, miércoles, ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que investiga la transición entre la AEE y LUMA (que debe culminar en abril de 2021).

El presidente de la Comisión, Víctor Parés, les preguntó a Torres y Pagán qué garantías, si alguna, tienen los trabajadores de la AEE tras la contratación del consorcio estadounidense-canadiense, que se extenderá por 15 años a un costo de $1,500 millones.

Ante sus aseveraciones de incertidumbre, Parés indicó que evaluará “toda la información recibida” para determinar “si hace falta clarificar alguna legislación vigente o aprobar una ley especial nueva” para que los empleados de la AEE no queden en el limbo. De ser así, se lo comunicará a la gobernadora Wanda Vázquez para que incluya la medida en la agenda de la sesión extraordinaria en curso o en una nueva convocatoria.

“Estamos hablando de 5,500 empleados que trabajan hoy en la Autoridad y queremos garantizar su permanencia”, sostuvo el representante.

Durante la vista, Torres y Pagán expusieron –haciéndose eco de lo ya dicho por la AEE y LUMA– que los trabajadores podrán integrarse a la plantilla del consorcio (tras superar el proceso de entrevistas que empieza en dos o tres semanas), quedarse en la corporación pública (en áreas excluidas del contrato y si hubiera necesidad de personal), o transferirse a otra dependencia gubernamental (Ley 8-2017 del Empleador Único).

Agregaron que, cuando se habla de otra dependencia gubernamental, se refiere a una agencia, corporación pública, corporación público-privada o municipio. Lo importante, dijeron, es que dicha dependencia receptora tenga el presupuesto para acoger al empleado de la AEE.

Torres y Pagán establecieron que, en caso de que la dependencia receptora no tenga los fondos, podría llegar a un acuerdo con la AEE para que se envíe al empleado en destaque, es decir, que la corporación pública se ocupe de cubrir su salario, aunque ya no trabaje para ella. En el ínterin, la dependencia receptora deberá solicitarle dinero adicional a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, con miras a recibirlo al inicio del próximo año fiscal.

“Si (la dependencia receptora) no tiene el presupuesto ni se le provee, no puede absorber al empleado, salvo que haya un arreglo con la Autoridad. Dependiendo de los aspectos presupuestarios y de la disposición de la Autoridad, entonces pueden tomar una determinación y negociar”, indicó Torres.

“No hemos tenido ese caso (de que un empleado transferido se quede sin cobrar). Ninguna agencia tiene la potestad de decir que no va a pagar… o le paga la agencia receptora o la otra”, abundó Pagán.

El liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), principal sindicato de la AEE, le pidió a su matrícula que no se someta al proceso de entrevistas con LUMA, lo que significa que, si esos empleados no son retenidos por la corporación pública, tendrán que ser reubicados en otra dependencia. Abordado al respecto, Parés admitió que “será un reto” buscarles trabajo en el mismo gobierno a los 2,500 empleados representados por la Utier.

Cambiarán de plan médico

En cuanto a la retención de beneficios, la directora de la OATRH indicó que la Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico) y la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico) establecen que ningún empleado de la AEE perderá, como resultado de la contratación de LUMA, los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables.

Aclaró, no obstante, que la Ley 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal) no cataloga el plan médico como un derecho adquirido. En consecuencia, los trabajadores de la AEE que pasen a otra dependencia pública recibirán la cubierta negociada por esa agencia, corporación pública, corporación público-privada o municipio. LUMA también ya ha dicho que les proveerá plan médico a los trabajadores que reclute.

Torres y Pagán no respondieron preguntas sobre retiro, ya que la OATRH no tiene jurisdicción sobre ese tema.

Al momento, dijo Torres, la OATRH desconoce cuántos empleados de la AEE serán transferidos a otras dependencias públicas. Contó que, desde la otorgación del contrato a LUMA, la AEE solo se ha comunicado con ella en dos ocasiones: para pedir una opinión legal sobre los estatutos aplicables a la movilidad de empleados y para una “reunión reciente” en la que se aclararon dudas en torno a dicho proceso.

“Luego de eso, no hemos tenido otra participación… todo esto es un proceso de evaluación interno que dependerá, entre otras cosas, de qué personal LUMA determine que va a retener y también está la disponibilidad de ese empleado de continuar (trabajando). Hay que ver, también, qué alternativas le ofrece la Autoridad a ese empleado sobre un retiro temprano. Una vez se tenga el panorama más claro, entonces entramos nosotros a culminar el proceso o darle un plan de movilidad o de adiestramiento”, explicó.

Parés dramatizó, entretanto, que sería “complicado”, por ejemplo, reubicar en otras dependencias públicas a los celadores de línea, porque realizan trabajos “difíciles y de mucho peritaje” para la AEE.

A esa situación hipotética, Torres y Pagán respondieron que la OATRH tiene un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para proveer adiestramientos a los empleados transferidos.

“Esto no es un proceso de un día para otro, y la alianza con la UPR no les va a dar un bachillerato ni una maestría (a los empleados transferidos). Son cosas que van a requerir un análisis, y el gobierno de Puerto Rico tiene un plan de clasificación, desde julio de 2019, que tiene requisitos mínimos de preparación y experiencia”, indicó Pagán.

“Esto es algo que no se va a hacer ni en una semana ni en un mes. Hay que ver la cantidad de empleados que finalmente se requieren y llevar a cabo un proceso de evaluación mesurado y con el respeto que merecen cada uno de esos empleados. Estamos hablando de la sensibilidad de seres humano”, estableció Torres, quien reconoció –a preguntas de Parés– que no ha leído el contrato de LUMA.

Las funcionarias explicaron, por último, que a los empleados transferidos solo les aplicarían los períodos probatorios si se les otorgan funciones o un puesto superior al que ocupan actualmente en la AEE. Si el empleado no pasa el período probatorio, regresaría entonces a su clasificación original.

Concluida la vista, Parés dijo a los periodistas presentes que, “a este punto”, esperaba tener un “panorama más claro” de la transición entre la AEE y LUMA. Informó, además, que convocará una nueva vista pública, en la que depondrían los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico y, posiblemente, representantes del consorcio.