Al incluir un regreso transitorio a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entre el menú de alternativas presentadas al Tribunal Supremo en caso de que emita una sentencia que deje sin efecto el contrato de LUMA Energy, la administración de Jenniffer González pudo haber abierto la puerta a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se reinserte en la controversia, al amparo de sus facultades para hacer valer el plan fiscal, que requiere que un ente privado opere el sistema de transmisión y distribución eléctrica.