Ante la apertura de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, de evaluar vías jurídicas para impugnar la recién firmada reforma judicial (Ley 222 de 2026), juristas explicaron que la togada tendría que demostrar que ha sufrido daños y que se trata de una controversia “madura”, que podría ser más fácil demostrar después del 3 de marzo, cuando entraría en vigor el estatuto.