El Departamento de Educación (DE) adquirirá 28,000 purificadores de aire para los salones de clases con una tecnología que no es recomendada por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) ni por otros expertos en medicina y ambiente, en una transacción de $36.4 millones de la que no ha querido dar explicaciones y que sería la compra de emergencia más grande del gobierno después de la fallida adquisición de las pruebas rápidas de COVID-19.

El subsecretario de Administración del Departamento de Educación, Jesús González Cruz, explicó que la adquisición de sistemas de purificación de aire para las escuelas está contenida en el plan aprobado por el gobierno federal para el uso de fondos federales asignados para el manejo de la pandemia (Cares Act, en inglés) desde el pasado cuatrienio.

“Es un complemento, la adquisición de los purificadores va con otras iniciativas, que si los alcoholes, hay iniciativas de unos divisores... Es un complemento, que podamos llevar a los salones de clases para velar por la salud de nuestros estudiantes y nuestros maestros”, sostuvo González Cruz, quien indicó que el presupuesto original para la compra de purificadores de aire era $34.7 millones.

Las especificaciones que requirió Educación para los equipos son similares a las detalladas por otras jurisdicciones estadounidenses para utilizar en escuelas, hospitales o centros comerciales, apuntó el comisionado de Seguridad y Manejo de Emergencias de Educación, César González Cordero.

“Hay data que sí, no recomiendan una marca en particular, pero sí recomiendan los sistemas de purificación de aire de este tipo. Hay una consulta que le hicimos al (Departamento de) Salud, que dicen que este tipo de sistema ayuda. Esa consulta se hizo directamente de las guías de Salud, por correo electrónico ellos nos contestaron el 12 de febrero, antes de llevar esto a competencia, donde indica las guías del CDC y las especificaciones mínimas”, señaló González Cordero.

Entre otras especificaciones, Educación requirió purificadores de aire con doble filtro aprobados por la EPA, que garantice la generación de iones para la sanitización continua de aires y superficies que no generen más de 0.05 partes por millón (ppm) de ozono según lo dispone la Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés), que sea eficaz contra el coronavirus que causa el COVID-19 y que cada unidad pueda cubrir un área no menor de 2,000 pies cuadrados en un período máximo de una hora, según el aviso de propuesta de la agencia.

Una búsqueda sobre la literatura existente sobre esta tecnología que intencionalmente produce ozono muestra que la EPA cuestiona los beneficios que le adjudican los fabricantes de estos productos, no la recomienda para ambientes cerrados y mucho menos la certifican. El ozono es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que ha sido utilizada para el tratamiento de aguas residuales y en la agricultura para la eliminación de microorganismos.

“Algunos proveedores sugieren que estos dispositivos han sido aprobados por el gobierno federal para su uso en espacios ocupados. Por el contrario, ninguna agencia del gobierno federal ha aprobado estos dispositivos para su uso en espacios ocupados”, sostiene la EPA en un documento titulado “Ozone Generators that are Sold as Air Cleaners”, al que puede accederse a través de la internet.

Ese mismo documento de la agencia federal señala que “cuando se inhala, el ozono puede dañar los pulmones. Cantidades relativamente bajas pueden causar dolor de pecho, tos, dificultad para respirar e irritación de garganta”. Los efectos pueden ser más dañinos en individuos que padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Puerto Rico ha tenido las tasas de asma más alta del mundo.

La EPA advierte en esta misma publicación que se ha hecho creer al público que estos dispositivos son siempre seguros y efectivos para controlar la contaminación del aire en interiores, pero que, por el contrario, pueden tener propiedades tóxicas. La agencia afirma que profesionales de la salud y la Asociación Americana del Pulmón han refutado esa aseveración desde finales del siglo pasado.

La neumóloga pediátrica Denise Rivera Lugo señaló que específicamente les recomienda a sus pacientes que cuando busquen purificadores de aire, descarten los que emiten ozono.

“No los recomiendo ni para las casas”, comentó Rivera Lugo.

La doctora dijo que la búsqueda de protecciones contra el COVID-19 generó “un boom” en la oferta de estos aparatos que emiten ozono como medida de higienización, pero que son muchos los cuestionamientos que se presentan, como el tiempo que estarán expuestos los estudiantes a esas emisiones. La neumóloga señaló que un purificador de aire regular con un filtro de los especificados en los distintos protocolos por las agencias reguladoras son una opción más correcta y menos costosa.

Los purificadores que producen ozono han sido promovidos para la eliminación de olores, y con la llegada de SARS-CoV-2, se ha considerado para combatir el virus en el aire. No obstante, su eficacia no ha sido demostrada y ante los efectos que pueden causar su exposición, este tipo de purificadores es desalentada por distintas autoridades competentes.

“Están comprando el equipo equivocado definitivamente”, afirmó el especialista en ambientes internos Carlos González Boothby. “Están comprando un generador de iones no termales y lo primero que dicen las agencias es que esa es una tecnología que no está comprobada, es una tecnología emergente que no está comprobada su efectividad contra el COVID. Las únicas personas que alegan que eso funciona son sus manufactureros”, agregó.

El DE publicó el aviso de solicitudes de propuestas para la compra de los purificadores el miércoles 19 de mayo de este año y concedió tres días laborables- hasta el lunes 24 de ese mismo mes- para enviar cotizaciones. Quince proveedores presentaron sus propuestas, indicó la titular de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, agencia que supervisó el proceso que otorgó la buena pro a la empresa Camera Mundi.

La administradora de ASG destacó que, por tratarse de una compra al amparo de una orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en las escuelas públicas, fue Educación quien evaluó las propuestas y seleccionó a una empresa, y la corporación pública solo se encargó de que se cumplieran los procedimientos antes de autorizar la adquisición. Bajo esta orden ejecutiva, el gobernador Pedro Pierluisi estableció un proceso expedito para comprar equipos que exime a agencias de tener que cumplir con los rigurosos pasos y los términos que exigen las subastas o las solicitudes de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés).

Aunque Mercado Rivera señaló que su agencia no entró en la evaluación de la compra, al mismo tiempo sostuvo que la ASG le “pidió al Departamento de Salud un informe pericial sobre esos purificadores”. La Unidad de Investigación y Datos solicitó a Salud copia de ese informe, pero a través de su portavoz Lisdián Acevedo, la agencia contestó que no existe tal informe, que lo único enviado es la Guía para la prevención de COVID-19 en las escuelas.

Esa guía no hace, en ninguna parte, una evaluación de la efectividad o conveniencia de los purificadores de aire con generación de iones. Es más, en el documento se recomienda que el mantenimiento de los sistemas de aire y ventilación sigan las normas de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, en inglés), entidad que no endosa los purificadores que emiten intencionalmente ozono.

El subsecretario de Administración de Educación, designado como el funcionario de la agencia que respondería preguntas sobre la adquisición del equipo de purificación de aire, no pudo ofrecer detalles de cómo se evaluaron las propuestas.

“Una vez la Oficina de Compras analiza, hace la selección de la mejor oferta, los mejores intereses de la agencia, se envía en un proceso determinado por reglamento a la ASG para que autorice”, indicó González Cruz. “Te tengo que decir que por mi oficina, soy el subsecretario de Administración, ese es un procedimiento de Compras, no intervenimos en él”, añadió.

La compra de las 28,000 unidades se adjudicó a Camera Mundi, una empresa -conocida, principalmente, como proveedor de materiales y tecnología educativa- que presentó una propuesta para suplir purificadores de aire marca Puradigm a un costo de $1,299 por unidad, para un total de $36.4 millones. Cada unidad debe tener un temporizador (“timer”).

Al cierre de esta edición, no había sido posible hablar con el gerente de Camera Mundi, Jorge Díaz Rivera. La selección de Camera Mundi como proveedor de los purificadores ha sido cuestionada al menos por dos proveedores, uno de los cuales, K. Toro Garratón (KTG), presentó un recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones, según indicó el periódico Metro esta semana y tal y como corroboró El Nuevo Día al examinar el expediente judicial.

De acuerdo con el gobierno en una moción de desestimación presentada el viernes al Tribunal, ni Educación ni ASG incumplieron con procesos para la compra de purificadores de aire. Argumenta que la orden ejecutiva que emitió el gobernador en febrero para decretar el estado de emergencia en las escuelas autoriza un mecanismo excepcional que no tiene que cumplir con los lineamientos de las subastas o los RFP.

“La normativa aplicable no autoriza a cualquier comprador no agraciado en un proceso de compra excepcional a instar un recurso de revisión judicial como si se tratase de una subasta formal o una informal. Es por esta razón que el articulado sobre las compras por decreto de emergencia no reconoce un derecho a impugnar adjudicaciones bajo estos procesos excepcionales”, establece la moción.

Al ser contactado por la Unidad de Investigación y Datos, el principal oficial comercial de Puradigm, Derik Sandstrom, rehusó hacer comentarios.

“Abogados involucrados en el proceso nos han aconsejado no responder. El Departamento de Justicia y el Departamento de Educación tienen toda la información y tomarán su decisión”, indicó Sandstrom en declaraciones escritas.

Mientras que el licitador Clean Air Contractors Corp. le hizo saber a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sus preocupaciones por el proceso realizado y que culminó con la selección de Camera Mundi.

La compra aún no se ha concretado, pues por ser un contrato mayor a los $10 millones, debe ser autorizado por la JSF.

“La orden de compra/contrato propuesto para la compra de purificadores de aire se encuentra actualmente en revisión, conforme a la política de revisión de contratos”, señaló la JSF por escrito.

“Como tal, este contrato aún no es definitivo ya que no hemos concluido nuestra revisión y la JSAF no ha emitido su determinación al respecto”, agregó.

La administradora de la ASG dijo que solo Camera Mundi cumplió con los requerimientos del DE, mientras que los otros 14 licitadores fallaron porque no entregaron las propuestas a tiempo, debido a sus costos o porque sus productos no contaban con certificación de la FDA. A través del sistema electrónico de la FDA, este diario no logró encontrar esa certificación de Puradigm.

“Camera Mundi fue el proveedor que ofreció las exigencias técnicas mínimas y el mejor precio unitario que la mayoría de los participantes. Nada hay en el expediente administrativo que demuestre que la actuación del DE o ASG constituye una actuación irrazonable, ilegal o arbitraria”, lee la moción de desestimación que presentó el Departamento de Justicia, en representación del DE y ASG.

Camera Mundi se incorporó en 1974 para ofrecer tecnología, productos, servicios y soluciones para el sector educativo. En los últimos 10 años, ha tenido contratos ascendentes a $4.7 millones con el Departamento de Educación, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Esta cifra no incluye otros acuerdos de la empresa en asociación con otras compañías, como cuando se encargó el año pasado del adiestramiento a maestros en el uso de la tecnología, en consorcio con Evertec.

Camera Mundi ha estado involucrada en varias controversia públicas. Una de ellas ocurrió en el 2018 cuando trascendió que su gerente general participó en reuniones para revivir el programa Tus Valores Cuentan como socio local de The Josephson Institute of Ethics, que recibió un contrato del DE por $16.9 millones.

Díaz Rivera, además, era uno de los socios de la empresa Virtual Education Resources Network (Vernet), señalada por las autoridades federales en 2019 por cobrar presuntamente, mediante facturas fraudulentas, $98,440 en fondos federales por servicios de tutorías no rendidos en el año escolar 2012-2013.

El día después que fiscalía federal radicó la queja civil contra Vernet, las partes presentaron un acuerdo judicial para que la empresa pagara $250,000, según se detalla en la base de datos del Tribunal Federal.

Ayer, la senadora popular Deborah Soto anunció que no descarta investigar la selección de Camera Mundi para suplir este equipo debido a los lazos con Vernet.